Pedro Luis Martín Olivares – La buena noticia científica resuena en todo el mundo: gracias a la prohibición global de los CFCs y otras sustancias nocivas, impulsada por el Protocolo de Montreal, la capa de ozono se recuperará a niveles de 1980 para el 2040 a nivel global, y para el 2066 en la Antártida.
Pero detrás de este logro climatológico se esconde una batalla feroz que pocos recuerdan, y que hoy debe servir como un espejo brutal para la toma de decisiones territoriales en Venezuela.
El Protocolo de Montreal no fue un gesto de buena voluntad. Fue una guerra de desgaste. A mediados de los años 80, la poderosa industria química mundial desplegó un ejército de cabilderos para negar la evidencia científica que vinculaba los CFCs con el agujero de ozono. Las potencias económicas se negaban a cambiar sus matrices productivas, y los países en desarrollo exigían fondos multimillonarios para no quebrar en la transición ecológica. Durante años, el conocimiento científico fue pisoteado por el interés del mercado. Pero la sociedad civil, los ecologistas y los políticos visionarios lograron una hazaña: blindaron el Protocolo con un fondo multilateral y consiguieron que la ciencia se impusiera como una política de Estado innegociable, obligando a la humanidad a cambiar el rumbo sin importar el costo económico a corto plazo.
Hoy, Venezuela necesita aplicar esa misma determinación, no para salvar el cielo, sino para salvar la tierra que pisa.
Reconozcamos el error histórico de haber minimizado las advertencias de 1967 y 1999. Ni el devastador terremoto que afecto con fuerza la zona de La Castellana, Altamira y Los Palos Grandes, ni las avalanchas de Vargas fueron suficientes para detener la urbanización masiva de las faldas del Ávila, ni para forzar una verdadera rigurosidad antisísmica en las zonas más vulnerables sísmicamente. Hasta que llegó el doble terremoto del 24 de junio de 2026. Ese día, la tierra rugió con una fuerza que dejó inhabilitada o derrumbada más de la mitad de las construcciones en el Estado Vargas. La naturaleza demoledora se cobró una factura que llevaba décadas firmada.
Si la ciencia atmosférica venció a la industria química, la geología y la hidrología han presentado ahora su veredicto inapelable sobre el eje Vargas-Caracas. El diagnóstico ya no admite excusas: por arriba, el cerro El Ávila amenaza con deslaves torrenciales, por debajo, las fallas geológicas activas siguen dictando sentencia. La prueba del 2027 es el cierre del expediente.
Ahora bien, llega el momento de abordar la cara más humana y dolorosa de esta crisis. Mucha gente siente a La Guaira y a los pueblos de Vargas como parte intrínseca de su vida, no conciben abandonar el lugar donde crecieron, donde están enterrados sus abuelos y donde forjaron su red social. Es un apego profundo, legítimo y comprensible. Sin embargo, debemos enfrentar una pregunta que trasciende lo urbanístico para convertirse en un debate existencial: ¿Está usted dispuesto a meter a sus padres, a sus hermanos, a su esposa y a sus hijos en una urna de tiempo para satisfacer el apego emocional y mantener la red social del entorno? ¿O prefiere dormir seguro y vivir en paz?
Reubicarse no es traicionar la memoria ni renunciar a la identidad. Por el contrario, tomar la decisión de alejarse de un terreno que la naturaleza ha sentenciado es el acto de amor más radical que se puede ejercer sobre la propia familia. Un hogar no es solo la dirección donde se vive, es el lugar donde los tuyos cierran los ojos sin miedo a que un próximo deslave o un nuevo temblor los despierte para siempre. El Estado tiene la obligación de ofrecer una reubicación digna, con servicios y redes sociales que puedan reproducirse, pero la decisión final es de cada conciencia: elegir el apego a una zona de alto riesgo es condenar a los tuyos a la angustia perpetua.
Derivado de este análisis, y asumiendo la contundencia de la evidencia geológica y humana, la decisión de reconstruir masivamente en esas zonas catastróficas no debería ser ni siquiera motivo de debate. Así como el mundo firmó el Protocolo de Montreal y dijo «no más CFCs», el Estado venezolano debe emitir una política de Estado de No Retorno. No más permisos para levantar torres en zonas de falla, no más rellenos de quebradas para ganar metros cuadrados. Debe declararse la inhabilitación legal, definitiva y perpetua de esos terrenos para la construcción de viviendas, transformando esas áreas en parques ecológicos, amortiguadores naturales o reservas verdes que sirvan de barrera ante los embates de la naturaleza.
La lucha que la humanidad dio para recuperar la capa de ozono nos enseñó que la política puede doblegar a la codicia cuando la vida está en juego. El doble terremoto de 2027, sumado a la persistente amenaza del Ávila, ha puesto a Venezuela frente a un espejo. La naturaleza ya ganó su batalla, ahora, el Estado y cada ciudadano deben aceptarla. No reconstruir no es un acto de abandono, es, por el contrario, el acto más profundamente humano, justo y respetuoso que se puede tener con quienes ya perdieron todo, garantizándoles que no habrá una tercera oportunidad de luto. La paz y la vida deben pesar más que el concreto.
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