Pedro Luis Martín Olivares – La reciente reunión de la oposición venezolana en Panamá, liderada por María Corina Machado, ha reavivado el debate sobre el futuro político del país tras la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, al confrontar las exigencias de la líder opositora, centradas en un relato de justicia y persecución al chavismo, con los parámetros esbozados por la administración de Donald Trump para el país, emerge una profunda contradicción.
Mientras Trump ha esbozado una transición diseñada para «fortalecer la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras y minimizar el riesgo país», la propuesta de Machado parece priorizar la rendición de cuentas punitiva. Para que una transición sea viable y logre atraer el capital necesario para reconstruir la destruida economía venezolana, el fin del chavismo no puede significar el inicio de una «cacería de brujas» política. La historia y la lógica económica sugieren que, en este contexto, la paz y la estabilidad son bienes más preciados que la retribución inmediata.
El primer obstáculo para una transición de corte refundacional es la condición impuesta por Estados Unidos. Documentos filtrados y análisis legales recientes indican que la Casa Blanca está siguiendo un modelo similar al aplicado en Irak tras 2003. La Orden Ejecutiva firmada por Trump no solo busca proteger los ingresos petroleros venezolanos, sino sentar las bases para una «des-sanción» selectiva que permita la llegada de capitales.
Los principales actores económicos, como los directivos de ExxonMobil, han calificado a Venezuela como «invertible» bajo el esquema legal actual y han condicionado su regreso a garantías jurídicas robustas. ¿Qué buscan estos inversores? Estabilidad macroeconómica: Un solo gobierno que unifique criterios cambiarios y fiscales. Seguridad jurídica: La certeza de que los contratos firmados hoy serán respetados mañana y Paz laboral y social: Un entorno sin protestas permanentes ni conflictos internos.
Una líder que promete «cárcel y persecución» para una facción que aún controla sectores del poder genera incertidumbre. Para el inversor anglosajón, el «Riesgo País» se dispara no solo por la corrupción, sino por la posibilidad de una guerra civil o de expropiaciones bajo un nuevo régimen.
La historia reciente ofrece un ejemplo aleccionador: Irak. En 2003, tras la caída de Saddam Hussein, Estados Unidos enfrentó el dilema de la «des-baazificación». Si bien inicialmente se impulsó una purga, liderada por figuras como Paul Bremer, esta política fracasó estrepitosamente, generando un vacío de poder que llenaron grupos insurgentes y yihadistas. La economía iraquí colapsó hasta que Washington entendió que era necesario integrar a los tecnócratas y militares del viejo régimen con ciertos límites, para garantizar la estabilidad del flujo petrolero.
En el caso venezolano, la «nomenklatura» chavista no desaparecerá tras una derrota política. Funcionarios de PDVSA, jueces y militares de alto rango poseen el know-how operativo del país. Si la política de transición es simplemente «que se vayan todos» mediante procesos judiciales masivos, el país entraría en un colapso operativo inmediato.
Trump parece haber aprendido la lección iraquí. Su Orden Ejecutiva del 9 de enero de 2026, que protege los fondos petroleros, sugiere que su prioridad es «administrar la recuperación y el valor» de los activos, no destruir las estructuras que permiten que el petróleo fluya.
La mayor debilidad de un modelo de «justicia transicional pura» es la persistencia del adversario. El chavismo no es solo un partido político. Para una parte significativa de la población, especialmente en las barriadas populares, es un proyecto de reivindicación social. Prometer «persecución» a las 5 o 6 de la tarde no es una receta para la gobernabilidad, lo es para la insurgencia.
Los expertos en conflictos señalan que las transiciones exitosas (Sudáfrica, España post-Franco) no se basaron en la venganza, sino en la verdad y la reparación. Exigir justicia por las violaciones a los derechos humanos es legítimo e innegociable. Sin embargo, pretender encarcelar a todo militar que haya jurado lealtad a Maduro o a todo burócrata que se benefició de la corrupción es inviable. Implicaría un costo de transacción tan alto que haría implosionar cualquier intento de recuperación económica.
María Corina Machado representa un obstáculo ideológico para el tipo de «Pacto de Transición» que exige Trump. En la reunión de Panamá, según fuentes cercanas, se mantuvo firme en que no habrá «impunidad», una postura que la posiciona como la única garante de la «justicia» para su base electoral, pero que la aleja de la «gobernabilidad» pragmática que necesitan los inversores.
La administración Trump necesita un gobierno dócil o aliado que ofrezca «paz y estabilidad», no un fiscal implacable. Un gobierno que pierda tiempo y energía judicializando a la oposición interna (chavismo) en lugar de reactivar ls refinería de Paraguaná no cumple los objetivos de Washington.
Conclusión: La Viabilidad es Baja sin un giro estratégico
En el contexto actual, la viabilidad real del plan de María Corina Machado (justicia integral y fin del chavismo como estructura de poder) es prácticamente nula si depende del apoyo de Estados Unidos.
La razón es sencilla: para Trump y el capital internacional, Venezuela es un negocio de reconstrucción. Los inversores no ponen dinero en países donde el jefe de un «polo enfrentado» promete desestabilizar al otro polo mediante la cárcel. La lógica del capital es la paz social, así sea una paz imperfecta, negociada o amnésica.
Si la oposición pretende una transición sin garantías para los actores del régimen saliente (militares, burócratas y empresarios afines), se enfrentará a tres escenarios catastróficos que la historia (Irak, Libia) ha demostrado:
Bloqueo de la inversión: Sin seguridad jurídica, no habrá dinero para reconstruir PDVSA.
Conflicto interno: La persecución judicial masiva genera inestabilidad y sabotaje económico.
Aislamiento geopolítico: El mundo real (Rusia, China, e incluso la UE) exige procesos de reconciliación, no purgas.
El dilema para Machado es trágico, pero claro: moderar su discurso de «justicia» para aceptar una «amnistía» (como la que Delcy Rodríguez insinuó ), o quedar relegada a un segundo plano por parte de la potencia tutelar, que preferirá imponer un tecnócrata «neutral» que garantice el flujo de petróleo antes que una lideresa ideológica que priorice el ajuste de cuentas.
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