Pedro Luis Martín Olivares – La visita del general Dan Caine y el plan de tres fases de Washington reavivan el debate sobre intervenciones posconflicto. Analistas comparan el caso con protectorados y saqueos históricos, aunque alertan sobre una diferencia clave: aquí no hay un acuerdo entre iguales, sino la imposición de un poder hegemónico sobre un Estado derrotado.
El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y máximo jefe militar del país, estuvo en Caracas supervisando la implementación de la estrategia de seguridad estadounidense tras la extracción de Nicolás Maduro en enero de 2026. Su visita representa la primera vez que el oficial de más alto rango de Estados Unidos pisa suelo venezolano en un contexto de posguerra de facto.
El plan de tres fases, Estabilización, Recuperación y Transición, anunciado por el Secretario de Estado Marco Rubio, estructura la intervención. Sin embargo, fuentes diplomáticas y análisis internacionales coinciden en señalar que la fase de «Transición» no contempla, por ahora, un cronograma electoral claro, lo que ha generado interrogantes sobre la naturaleza del nuevo orden en construcción.
Más allá del extractivismo: ¿un trofeo de guerra?
El economista Ricardo Hausmann, en un análisis publicado por Project Syndicate (2 de junio de 2026), cuestionó el destino de los ingresos petroleros venezolanos, señalando una creciente opacidad y una depreciación cambiaria incompatible con un supuesto auge económico. Pero más allá de la crítica macroeconómica, subyace una pregunta estratégica de fondo: ¿estamos ante un nuevo modelo de extracción de recursos, o ante una figura histórica más antigua y brutal, el «trofeo de guerra», que se creía superada?
A lo largo de la historia, el saqueo de recursos tras una victoria militar fue la norma. Desde el botín romano tras la caída de Cartago (146 a.C.) hasta el expolio napoleónico de obras de arte europeas, el vencedor tomaba lo que quería sin necesidad de justificación legal o económica. En el siglo XX, sin embargo, ese comportamiento fue gradualmente sustituido por mecanismos de ocupación administrada (protectorados, mandatos de la Sociedad de Naciones, administraciones fiduciarias de la ONU) y, más recientemente, por acuerdos extractivos entre Estados formalmente soberanos.
La diferencia clave en el caso venezolano, según varios analistas consultados, es que no existe un acuerdo bilateral simétrico entre Washington y Caracas. Tampoco hay un mandato multilateral claro. Lo que se observa, en cambio, es una imposición unilateral amparada en la fuerza militar y la destitución del anterior gobierno. El general Caine no coordina con un gobierno soberano: supervisa a un gobierno interino (encabezado por Delcy Rodríguez) que llegó al poder tras la captura de Maduro en la denominada «Operación Absolute Resolve».
En este sentido, el control de los ingresos petroleros, que fluyen a cuentas del Tesoro estadounidense bajo dirección de Rubio, se asemeja más a la administración de un botín de guerra que a un contrato extractivo convencional. La opacidad señalada por Hausmann no es un fallo del sistema, sino una característica funcional del mismo: cuando no hay contraparte soberana con capacidad de exigir rendición de cuentas, el vencedor opera sin restricciones.
Analogías históricas en contextos actuales
Aunque los saqueos abiertos fueron comunes hasta bien entrado el siglo XIX, en el mundo contemporáneo existen precedentes que se aproximan a esta lógica de «trofeo de guerra». Algunas analogías relevantes están representadas por El Congo de Leopoldo II (1885-1908): Aunque formalmente un «Estado Libre» bajo soberanía personal del rey belga, funcionó como una concesión extractiva forzada. Las poblaciones locales no tenían derechos ni capacidad de negociación. La diferencia es que aquel fue un saqueo colonial clásico, Venezuela, en cambio, es un país con tradición estatal previa. Irak tras 2003: La invasión liderada por Estados Unidos no estableció un saqueo directo de petróleo, pero sí impuso una administración provisional (CPA, por sus siglas en inglés) que reescribió leyes de hidrocarburos, privatizó sectores estratégicos y canalizó contratos a empresas estadounidenses. Sin embargo, a diferencia de Venezuela, hubo una transferencia formal de soberanía a un gobierno iraquí electo (aunque tutelado). En el caso venezolano, las elecciones han sido postergadas indefinidamente. La Zona del Canal de Panamá (1903-1979): EE. UU. respaldó una secesión de Panamá de Colombia a cambio de la cesión perpetua de una franja territorial. Allí controló el recurso estratégico (el canal) sin pagar regalías justas hasta las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter. La analogía aplica por la imposición unilateral, aunque la diferencia es que Venezuela no ha cedido territorio, sino el control de sus ingresos fiscales. Finalmente, Siria y el control de campos petroleros por potencias extranjeras (2015-2023): Durante la guerra civil, fuerzas estadounidenses y kurdas controlaron los yacimientos del este sirio, con Estados Unidos administrando la producción y las ventas de crudo, en un caso flagrante de explotación directa sin consentimiento del gobierno central (Damasco). Esta es quizás la analogía más cercana, aunque Siria estaba en guerra abierta y fragmentada, mientras que Venezuela presenta un gobierno interino reconocido por Washington.
¿Un retroceso histórico?
Lo que hace excepcional al caso venezolano, según los analistas, es la combinación de tres factores que no se veían juntos desde mediados del siglo XX. Primero, una ocupación administrativa encubierta: No hay tropas masivas en las calles, pero el Comando Sur y los Marines controlan infraestructura crítica y la seguridad diplomática. Segundo, control directo de ingresos estratégicos: El petróleo no se compra en el mercado libre; sus ingresos pasan por cuentas del Tesoro estadounidense. Tercero, ausencia de hoja de ruta electoral: No se habla de elecciones libres en el corto plazo, algo que incluso en Irak o Afganistán se exigió formalmente.
Esto ha llevado al economista Ricardo Hausmann a advertir, en su artículo, que Venezuela podría estar entrando en «un nuevo equilibrio en el que las elecciones, la reconstrucción institucional y la reforma democrática se posponen indefinidamente porque demasiados actores poderosos se benefician del statu quo». Y añade una frase que resuena como un eslogan histórico: «Kleptócratas del mundo, ¡uníos!», sugiriendo que la alianza entre élites venezolanas y estadounidenses replica la lógica de los saqueos medievales, pero con factura moderna.
Conclusión: entre la excepción y el precedente
El caso venezolano bajo supervisión del general Dan Caine no encaja perfectamente ni en el modelo de «extracción sostenida acordada» (típico de las relaciones Norte-Sur del siglo XX) ni en el «saqueo abierto premoderno» (común antes de 1945). Se trata más bien de una imposición unilateral con apariencia de legalidad interina, donde el vencedor (Estados Unidos) administra los recursos del vencido sin plazos definidos para la restitución de la soberanía plena.
Las analogías históricas más cercanas no están en el pasado remoto, sino en intervenciones recientes en Irak, Siria o Panamá a principios del siglo XX. Sin embargo, la postergación indefinida de elecciones convierte a Venezuela en un caso singular: un país formalmente independiente, pero funcionalmente administrado como un trofeo de guerra del siglo XXI.
Mientras el general Caine supervisa la seguridad de la embajada y los ejercicios militares conjuntos, el bolívar sigue depreciándose y los presupuestos públicos venezolanos se deciden en Washington. Para los ciudadanos de a pie, la diferencia entre un protectorado, una ocupación o un saqueo es menos relevante que un hecho concreto: sus ingresos no alcanzan, la estabilidad política derivada de unas elecciones no pasa de ser una promesa y sus recursos familiares se esfuman en cuentas opacas.
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