Pedro Luis Martín Olivares – El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses capturaron (la narrativa del articulo se escribe desde la perspectiva de Estados Unidos y no desde Venezuela, aclaratoria para atender asimetrías de sensibilidad) a Nicolás Maduro en Caracas, en una operación que expertos en derecho internacional han calificado como de legalidad dudosa.
Desde entonces, el proceso judicial contra el presidente venezolano se ha convertido en un fascinante laboratorio para observar cómo la psicología cognitiva, particularmente el legado de Daniel Kahneman, puede iluminar los caminos hacia una posible liberación con valor jurisprudencial para otros líderes chavistas. La construcción del «perfil monstruoso» de Maduro, para incluir delitos contra Estados Unidos como narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, ha implicado, según múltiples fuentes, muchas medias verdades y medias mentiras. Pero lo que hace verdaderamente excepcional a este caso no es solo la naturaleza de las acusaciones, sino el ecosistema judicial en el que se desarrollan: un juez que encarna el pensamiento lento y deliberativo, una defensa de primer nivel que ha encontrado un ancla procesal en el derecho constitucional a la defensa, y un futuro jurado neoyorquino que, lejos de ser un monolito pro-acusación, podría ser una fuente masiva de «ruido» capaz de impedir una condena unánime. Este artículo aplica el marco teórico de Kahneman para proyectar dos escenarios de liberación que sentarían precedentes críticos para el chavismo, empezando por aquellos cuyas cabezas tienen precio y terminando por la lista de sancionados de la OFAC y de otras agencias de los Estados Unidos.
Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía en 2002, revolucionó la comprensión del juicio humano al demostrar que no operamos como agentes racionales de información perfecta, sino como organismos que dependen de atajos mentales (heurísticos) y están sistemáticamente expuestos a sesgos. En su obra Thinking, Fast and Slow (2011), distingue dos modos de pensamiento. El Sistema 1 es rápido, automático, intuitivo y emocional, opera con heurísticos y es eficiente pero propenso a errores sistemáticos. El Sistema 2 es lento, deliberativo, analítico y requiere esfuerzo; es más confiable pero «perezoso» y tiende a aceptar las conclusiones del Sistema 1 sin escrutinio.
En su obra más reciente, Noise: A Flaw in Human Judgment (2021), Kahneman, junto a Sibony y Sunstein, introduce un concepto distinto del sesgo: el ruido es la variabilidad indeseable en juicios que deberían ser idénticos. Mientras el sesgo es un error sistemático (todos los jueces son demasiado duros), el ruido es la dispersión estadística (un juez condena a cinco años, otro a cadena perpetua por el mismo delito). Cass Sunstein, coautor del libro, explica la diferencia con una analogía de tiro al blanco: «Si todos disparan a la derecha en el mismo punto, hay sesgo pero no ruido. Si todos disparan de manera aleatoria por todo el blanco, hay ruido pero no sesgo». Los estudios citados en Noise son alarmantes para cualquier sistema judicial. En un estudio de 1981, doscientos jueces analizaron dieciséis casos hipotéticos idénticos y solo alcanzaron unanimidad en tres de ellos. En un caso, las sentencias variaron desde ocho años y medio hasta cadena perpetua. En casos de asilo, un juez admitía solo al cinco por ciento de los solicitantes mientras otro admitía al ochenta y ocho por ciento. Incluso factores irrelevantes como el resultado de un partido de fútbol local afectan las decisiones: los jueces son más severos después de una derrota. La relevancia para el caso Maduro es inmediata: la variabilidad en las decisiones judiciales no es una anomalía sino una característica estructural del sistema, y esa variabilidad puede ser explotada por una defensa hábil.
El juez Alvin Hellerstein, de noventa y dos años, preside el caso en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. Su comportamiento en las audiencias de marzo de 2026 revela a un magistrado que encarna las virtudes del Sistema 2: lento, deliberativo, escéptico de las narrativas políticas y aferrado al debido proceso. En una audiencia clave el 25 de marzo de 2026, Hellerstein se negó a desestimar los cargos «por ahora», pero planteó objeciones sustanciales a la postura del gobierno. Su razonamiento se centró en un aspecto aparentemente técnico, pero constitucionalmente fundamental: el derecho de Maduro a pagar sus abogados con fondos del gobierno venezolano, actualmente bloqueados por sanciones de la administración Trump. Hellerstein cuestionó la decisión del Departamento del Tesoro de denegar una licencia especial que permitiría a Venezuela financiar la defensa. «El acusado está aquí. Flores está aquí. No representan una amenaza adicional para la seguridad nacional», argumentó el juez. «No veo un interés imperioso de seguridad nacional que prevalezca sobre el derecho a defenderse». Más contundente aún: «El derecho que está implicado, por encima de otros derechos, es el derecho a la defensa constitucional». La postura de Hellerstein es instructiva desde la perspectiva kahnemaniana. El juez está resistiendo activamente las presiones del Sistema 1, la narrativa política que presenta a Maduro como un peligroso narcotraficante, y está forzando al gobierno a justificar sus acciones con base en el derecho, no en la emoción. Su conservadurismo legal, en el sentido de stare decisis y respeto al debido proceso, opera como un dique contra los excesos del poder ejecutivo.
La cuestión del financiamiento de la defensa es más que un tecnicismo. Kahneman y sus colaboradores han documentado el «efecto anclaje»: cuando a un decisor se le presenta un número o un principio inicial, sus juicios posteriores tienden a permanecer cerca de ese ancla, incluso si esta es arbitraria. Hellerstein ha establecido un ancla poderosa: el derecho a la defensa como «derecho primordial». En la última audiencia, el juez instó a los fiscales a reconsiderar la decisión de las sanciones, sugiriendo que impedir que Maduro pague sus abogados podría violar la Sexta Enmienda. La Oficina de Control de Activos Extranjeros había denegado la licencia, pero Hellerstein dejó abierta la posibilidad de revertir su decisión de no desestimar el caso si posteriormente determina que la administración Trump está actuando de manera arbitraria. Este anclaje en el debido proceso tiene implicaciones para todo el caso. Si Hellerstein decide que el gobierno ha violado el derecho a la defensa, podría desestimar los cargos. Incluso si no lo hace, su énfasis en este principio envía una señal a las cortes de apelaciones y a otros jueces que manejen casos contra chavistas.
El tercer factor crítico es la propia captura de Maduro. La administración Trump ha enmarcado la operación militar como una «función de aplicación de la ley», pero expertos en derecho internacional la consideran ampliamente ilegal por violar la soberanía venezolana, la califican de extracción o secuestro. El propio Maduro, en su primera comparecencia en enero, declaró al tribunal: «Todavía soy el presidente de mi país». Este hecho, la captura en territorio extranjero sin extradición, es una fuente masiva de «ruido» potencial para cualquier jurado. Como explican Kahneman y Sunstein, el ruido aumenta cuando un caso presenta narrativas contrapuestas igualmente coherentes. Por un lado, la fiscalía presentará a Maduro como un narcoterrorista que merece justicia. Por otro lado, la defensa presentará la captura como un secuestro ilegal que contamina todo el proceso. El jurado del Distrito Sur de Nueva York, compuesto por ciudadanos de una ciudad donde la gran mayoría de votantes registrados son demócratas, enfrentará un conflicto cognitivo entre dos guiones del Sistema 1: el guion anti-Maduro (dictador, drogas, represión) y el guion anti-intervencionista (Estados Unidos secuestrando a un presidente extranjero). La defensa de Maduro buscará maximizar este conflicto, forzando al jurado a activar el Sistema 2, el pensamiento lento, y en ese proceso, exponiendo las debilidades probatorias de la acusación.
A este complejo escenario se suma el contexto político local. El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, asumió el cargo en enero de 2026 con una agenda explícitamente progresista que incluye impuestos a los ricos y expansión de servicios públicos. Aunque no hay evidencia pública de que Mamdani se haya pronunciado formalmente «a favor de Maduro» en los términos que inspiraron la premisa original de este análisis, su perfil político, socialista democrático, crítico del intervencionismo estadounidense, sugiere que el ambiente político en Nueva York no es monolíticamente hostil al acusado venezolano. Este contexto es relevante porque el jurado se selecciona de esta comunidad. Sumado a que son mayoritariamente demócratas, la izquierda neoyorquina tiene un historial de escepticismo hacia las intervenciones militares estadounidenses en América Latina, un escepticismo que la defensa puede aprovechar durante la selección del jurado mediante desafíos perentorios y durante los alegatos al apelar a la conciencia antiintervencionista de los jurados.
Con estos elementos sobre la mesa, es posible proyectar dos escenarios de liberación con valor jurisprudencial. El primer escenario, y el más probable, es la vía Hellerstein: una desestimación de cargos por violación del derecho a la defensa. Si el gobierno persiste en bloquear los fondos venezolanos para pagar abogados, Hellerstein podría concluir que el proceso está viciado de origen. Este es un ejemplo clásico de cómo un decisor del Sistema 2 puede frenar los excesos del Sistema 1 político. El mecanismo kahnemaniano aquí es el efecto anclaje: Hellerstein ha establecido el derecho a la defensa como un principio insuperable, y cualquier desviación de ese principio será evaluada con el escrutinio del pensamiento lento. El valor jurisprudencial de una desestimación por esta causa sería inmenso. Sentaría el precedente de que el gobierno de Estados Unidos no puede acusar a líderes extranjeros y simultáneamente bloquear su acceso a los fondos necesarios para defenderse. Para otros chavistas acusados, como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino o los otros catorce líderes venezolanos formalmente acusados bajo la misma teoría de narcoterrorismo, este precedente significaría que cualquier interferencia con su capacidad de pagar abogados podría ser causal de desestimación. Más aún, establecería que el derecho a la defensa prevalece sobre consideraciones de seguridad nacional cuando estas últimas no son suficientemente específicas ni apremiantes.
El segundo escenario es el del ruido en el jurado. Si el caso llega al jurado, ya sea porque Hellerstein no desestima los cargos o porque una corte de apelaciones revierte una eventual desestimación, la defensa buscará maximizar el ruido introduciendo tantas fuentes de variabilidad como sea posible. Cuestionará la legalidad de la captura como violación del derecho internacional y del debido proceso. Impugnará la credibilidad de los testigos cooperantes, destacando sus antecedentes penales, sus acuerdos de inmunidad y sus motivaciones económicas. Señalará la ausencia de pruebas directas, el «arma humeante» que, según reportes de fiscales del SDNY citados por New York Magazine, la acusación no tiene: ni grabaciones incriminatorias, ni incautaciones de drogas al propio Maduro, ni admisiones de culpabilidad. La defensa presentará una narrativa alternativa coherente: la de un líder político perseguido por razones geopolíticas, capturado en un acto de fuerza bruta que viola todas las normas del derecho internacional. Frente a dos narrativas igualmente coherentes pero opuestas, el Sistema 1 del jurado se bloquea. Al no poder confiar en la intuición, se ve forzado a activar el Sistema 2, el análisis lento. Y en ese terreno, la falta de pruebas contundentes de la fiscalía se convierte en un abismo. El resultado puede ser un hung jury, un jurado sin unanimidad, o incluso una absolución si la duda razonable se extiende entre los miembros. La literatura sobre ruido muestra que los grupos deliberantes, como los jurados, a menudo «consolidan el ruido» en lugar de reducirlo, especialmente cuando enfrentan información compleja y contradictoria. El valor jurisprudencial de una absolución o un hung jury sería significativo: enviaría un mensaje claro a futuros fiscales sobre los límites de construir casos sobre «medias verdades» y testimonios de cooperantes sin pruebas materiales directas. Para otros chavistas, establecería que incluso acusaciones graves pueden fracasar si la prueba es circunstancial y la captura fue de legalidad dudosa.
Las implicaciones para otros líderes chavistas van más allá de estos dos escenarios. El caso Maduro no es un hecho aislado. La administración estadounidense ha acusado formalmente al menos a otros catorce líderes venezolanos bajo la misma teoría de «narcotráfico y terrorismo». Actualmente, varios de ellos están detenidos o en proceso de extradición. Si el caso Maduro resulta en desestimación o absolución, estos otros acusados podrán argumentar tres cosas. Primero, la dependencia probatoria: las pruebas contra ellos provienen de las mismas fuentes (los mismos cooperantes) y la misma teoría del caso. Si esa teoría fracasó contra Maduro, debe fracasar contra ellos. Segundo, la contaminación del proceso: si la captura de Maduro fue ilegal, y esa captura generó pruebas usadas contra otros (documentos incautados, declaraciones de cooperantes obtenidas bajo presión), entonces esas pruebas son «fruto del árbol envenenado» y deben ser suprimidas. Tercero, el precedente Hellerstein: la postura del juez sobre el derecho a la defensa se aplicaría igualmente a otros acusados cuyos fondos estén bloqueados por sanciones. La defensa de cada uno de esos líderes chavistas presentará el caso Maduro como un «ancla» en sus propios procesos: «Si el líder máximo fue absuelto o sus cargos fueron desestimados, ¿cómo puede ser culpable mi cliente?»
La lección más profunda, sin embargo, es kahnemaniana y trasciende el caso particular. El sistema judicial no es una máquina de producir justicia perfecta, sino un agregador ruidoso de juicios humanos imperfectos. A veces, ese ruido produce injusticias: condenas a inocentes, absoluciones a culpables. Otras veces, como posiblemente en el caso Maduro, el ruido puede ser el único escudo que un acusado tiene contra el poder abrumador del Estado. Para los líderes chavistas que enfrentan procesos en Estados Unidos, la estrategia no debe ser probar inocencia, una tarea casi imposible cuando el poder acusatorio controla los recursos y las narrativas, sino explotar el ruido. Cuestionar cada prueba, cada testigo, cada paso del proceso. Forzar al Sistema 2 donde la fiscalía quiere el Sistema 1. Convertir el juicio en un laberinto de dudas y contradicciones. Y confiar en que, en algún punto de ese laberinto, el ruido haga lo que la inocencia por sí sola no podría: impedir que la maquinaria punitiva extorsiva alcance su objetivo. Esa es, en el fondo, la verdadera lección que Kahneman ofrece al chavismo procesado en Estados Unidos: la justicia humana es frágil, ruidosa e imperfecta, y esa imperfección, bien aprovechada, puede ser la mejor defensa.
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