Pedro Luis Martín Olivares – Cuando las economías de todo el mundo cerraron a principios del año pasado, los hábitos de los consumidores cambiaron de la noche a la mañana, se incrementó drásticamente la demanda de suministros médicos, alimentarios y domésticos; al poco tiempo, grandes sumas de dinero comenzaron a fluir por parte de los gobiernos de todo el mundo, las organizaciones internacionales y muchas ONG para cubrir los gastos generados por la situación pandemia y posteriormente debido a los rescates gubernamentales. Y aunque el mundo estaba autobloqueado los delincuentes de cuello blanco debían seguir facturando, así que para ellos era cuestión de convertir está crisis en una oportunidad.
No fue hasta la década de 1980 que el blanqueo de dinero fue considerado un delito. Desde entonces, países desde Afganistán hasta Zambia han sido presionados para aprobar leyes. El esfuerzo se intensificó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la aprobación de la Ley Patriota de Estados Unidos, la cual tiene como objetivo bloquear las rutas de dinero que financian el terrorismo y otros delitos.
Sí bien es cierto que Covid-19 paralizó la economía mundial. La tasa de fraude no se ha detenido. El sector de servicios financieros, por lo antes expuesto quedó vulnerable, los bancos tuvieron que lidiar con sucursales cerradas, atender a los clientes de forma remota, limitar sus servicios y redistribuir el personal. Fácil, fácil no es.
Los bancos son el talón de Aquiles en la guerra global contra el lavado de dinero, a pesar de la gran cantidad de regulaciones destinadas a convertirlos en soldados de primera línea en ese conflicto. Un examen más detenido sugiere que el sistema global contra el lavado de dinero (AMI) tiene serios defectos estructurales, en gran parte porque los gobiernos han subcontratado al sector privado gran parte de la vigilancia policial que deberían haber estado haciendo ellos mismos.
La autoridad de Conducta Financiera (FCA), el regulador financiero de Gran Bretaña inició una acción penal contra NatWest, uno de los prestamistas más grandes de ese país y el mismo deberá compadecer ante un tribunal en Londres en las próximas semanas, para responder a los cargos de no monitorear la actividad sospechosa de un cliente de oro que depositó alrededor de 365 millones de libras (500 millones de dólares) en sus cuentas durante cinco años, de los cuales 264 millones fueron en efectivo.
NatWest es el último prestamista acusado de quedarse corto en la lucha contra el dinero sucio. El año pasado, los bancos globales recibieron multas por $10.400 millones por violaciones de lavado de dinero, un aumento de más del 80% con respecto a 2019, según Fenergo, una firma de software de cumplimiento. En enero, Capital One, un banco estadounidense, fue multado con 390 millones de dólares por no informar sobre miles de transacciones sospechosas. Danske Bank todavía está lidiando con las consecuencias de un escándalo que estalló en 2018. Más de $ 200 mil millones de dinero potencialmente sucio fueron arrastrados a través de la sucursal estonia del prestamista danés, mientras que los ejecutivos pasaron por alto o ignoraron un mar de banderas rojas.
Un estudio publicado el año pasado por Ronald Pol, un experto en delitos financieros, concluyó que el sistema AMl global podría ser «el experimento de políticas menos efectivo del mundo», y que los costos de cumplimiento para los bancos y otras empresas podrían ser 100 veces más altos que los de la cantidad del botín lavado incautado. Del mismo modo, un informe basado en una encuesta de profesionales, publicada el año pasado por LexisNexis, una firma de análisis, encontró que el gasto mundial en AMl y cumplimiento de sanciones por parte de instituciones financieras, incluidos administradores de fondos, aseguradoras y otros, así como bancos, supera los $ 180 mil millones al año.
El impulso de AMl ha logrado acabar con las prácticas más perniciosas, como el uso de bancos pantalla, aquellos sin clientes reales, en lugares soleados para lavar maletas llenas de dinero de la droga. Pero los delincuentes no se han visto obligados a ser particularmente creativos: hoy no es mucho más difícil que hace 20 años enjuagar el dinero sucio estableciendo una empresa fantasma, disfrazando el botín que fluye a través de ella como ingresos legítimos y persuadiendo a un banco establecido para que lo procese. Sin embargo, algunos expertos piensan que la tasa de éxito de este programa puede haber caído en los últimos años, en parte debido al aumento del “lavado de dinero basado en el comercio”, que mueve dinero poco fiable a la economía legítima jugando una mala pasada con el papeleo para el comercio transfronterizo.
Son tres los principales problemas que obstaculizan la lucha contra los delitos financieros: la falta de transparencia; falta de colaboración; y falta de recursos. En cuanto al primer problema, la transparencia, los investigadores a menudo tienen dificultades para identificar a los propietarios reales y «beneficiosos» de las empresas fantasma, que a menudo se esconden detrás de los nominados legales. Claro, no se puede negar que se han realizado algunos avances en el aumento de la visibilidad. Gran Bretaña por su parte lanzó un registro público de propietarios de empresas en 2016, lo que incitó a varios otros a seguir su ejemplo. Y Estados Unidos aprobó recientemente una ley que exige que los datos de propiedad de las empresas registradas a nivel estatal, incluso en las fábricas de incorporación de Delaware, se mantengan en un registro federal.
No obstante, muchos países aún evitan los registros y aquellos que los tienen han enfrentado problemas. En la misma Gran Bretaña, los delincuentes han estado dispuestos a arriesgarse a presentar información falsa, o ninguna en absoluto, dadas las modestas sanciones por hacerlo. Hong Kong, mientras tanto, planea reducir los detalles que los propietarios de las empresas deben revelar en su registro. La FATF busca endurecer su estándar sobre transparencia de beneficiarios reales; la versión actual dice simplemente que las «autoridades competentes» deben tener acceso a dicha información «de manera oportuna». Pero lograr que sus 39 miembros principales, desde Estados Unidos y la UE hasta China y Rusia, lleguen a un acuerdo sobre un nuevo texto no será tarea fácil.
El segundo problema, la falta de colaboración, obstaculiza el trabajo de los gobiernos entre sí y con los bancos en primera línea. Los grandes esquemas de lavado de dinero son sofisticados y transnacionales, mientras que los esfuerzos contra el lavado de dinero son muy limitados.
El intercambio de información entre los gobiernos está mejorando gracias a la cooperación entre las “unidades de inteligencia financiera”. Pero el sistema de “asistencia judicial recíproca”, que utilizan los países que investigan delitos para solicitar información unos a otros, es torpe.
En cuanto a los datos que fluyen hacia y desde los bancos, los beneficios de compartir son indiscutibles. “El valor de la información que proviene de una red de bancos es mil veces mayor que la información que tiene cualquier banco, porque no solo se puede ver de dónde vino el dinero, sino a dónde se fue». Desafortunadamente, el nivel de colaboración es «terrible». A Estados Unidos le va mejor, gracias a la Ley Patriota, pero incluso allí el intercambio de información es “a pequeña escala”. Cualquier otra cosa requiere una orden judicial de un juez, «lo cual es difícil sí aún no sabés cuál es el delito».
Un obstáculo abrumador para compartir información son las leyes de privacidad de datos, que en muchos lugares impiden que los bancos transmitan información a las autoridades, especialmente a las extranjeras.
La tercera dificultad, la escasez de recursos, se debe al hecho de que los delitos de cuello blanco son menos visibles que los delitos violentos. El gasto en frenar este último se reduce mejor con el público. En Gran Bretaña, el fraude representa más de un tercio de los delitos denunciados, pero obtiene menos del 1% de los recursos policiales en términos de agentes. Los bancos pueden gastar todo lo que quieran en AML, pero los delincuentes no necesitan una bombona de oxigeno, ya que no terminarán en los tribunales sí los gobiernos no invierten en vigilancia y enjuiciamiento.
Por una parte, los bancos emiten excesiva información innecesaria o de baja calidad, porque para ellos es un tramite burocrático necesario para cubrirse las espaldas, lo que no los motiva a aplicar criterios de riesgo razonables. Por la otra, la mayoría de las agencias de lucha contra el crimen carecen de fondos para analizar adecuadamente el torrente de “informes de actividades sospechosas” (SARS) que presentan las entidades financieras, cuando estas detectan transacciones potencialmente dudosas. Hay mucho que aprender de esta pandemia, la adaptación y el trabajo equipo es necesario, porque de lo contrario está guerra contra el blanqueo de capitales está perdida. El delincuente de cuello blanco no ha encontrado fronteras cerradas durante la pandemia, por lo que los gobiernos no sólo deben aplicar multas, sino que también deben generar las condiciones para garantizar que sus leyes se cumplan.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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