Pedro Luis Martín Olivares – La salida de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero ha abierto una ventana de oportunidad sin precedentes, pero también un campo minado para la administración estadounidense.
La Fase 3 del plan de la Casa Blanca, denominada Transición, es el punto más crítico de todo el proceso (antes de seguir, es importante que el lector se ubique en la “política real”, no estamos hablando de un escenario estrictamente constitucional, es político, nacional e internacional, los valores y la legalidad la imponen las condiciones objetivas del juego, así que se debe leer sin irritaciones). Para entenderla correctamente, es preciso corregir un error conceptual frecuente: la transición no es un mero periodo de espera o un interregno caótico entre dos estados. La transición es un puente que conecta el estado A, un gobierno no democrático, en este caso el chavismo liderado por Delcy Rodríguez, con el estado B, un gobierno plenamente democrático y estable. Pero ese puente no es un simple paso del tiempo, es en sí mismo un gobierno electo, con un mandato constitucional explícito y temporal, cuya única función es facilitar el proceso de cambio institucional para que, una vez finalizada su labor, la elección del gobierno B sea viable y duradera. Es decir, la transición es un gobierno de transición, no la ausencia de gobierno. La pregunta estratégica no es si se transita, sino cómo se diseña ese gobierno puente: quién lo integra, por cuánto tiempo, con qué poderes y bajo qué reglas de sucesión. La respuesta a estas preguntas definirá si el puente es sólido o se derrumba al primer peso.
La Casa Blanca ha priorizado en las fases 1 y 2 la estabilización económica y la recuperación de las inversiones realizadas en el país. Pero María Corina Machado y su movimiento exigen una transición acelerada y elecciones inmediatas al gobierno B, mientras que el chavismo duro, aunque debilitado, aún tiene capacidad de resistencia violenta si se siente acorralado sin redes de salida. El escenario actual es atípico: Delcy colabora con la Casa Blanca, mientras que Machado presiona contra los tiempos de Washington, generando un choque de lógicas que amenaza con descarrilar la construcción del puente. Para salir de esta encrucijada, es útil examinar dos modelos polares de gobierno puente.
El primer modelo es el de transición shock, que consistiría en un gobierno puente de máxima brevedad, menos de seis meses, con un mandato exclusivamente electoral: elegir cuanto antes a las nuevas autoridades del estado B. En este esquema, el gobierno puente sería una mera formalidad, a menudo encabezado por una figura de consenso mínimo, y su función se limitaría a convocar comicios sin apenas reformas institucionales previas. Este modelo, aunque emocionalmente satisfactorio para la oposición radical, implica pasar abruptamente de Delcy a María Corina sin un puente real que absorba las tensiones del cambio. La consecuencia sería una resistencia inmensa del chavismo, que percibiría el proceso como una rendición incondicional acompañada de persecución judicial y política. Esa resistencia se traduciría en acciones violentas, sabotaje a la infraestructura petrolera, fuga de capitales recién atraídos en las fases 1 y 2 y, en consecuencia, un disparo del riesgo país que anularía las inversiones estadounidenses. Un ejemplo claro de transición fracasada por ausencia de un verdadero gobierno puente es Libia después de la caída de Gadafi en 2011: no hubo un gobierno intermedio con capacidad de reforma institucional, solo una administración provisional débil que fue arrollada por las facciones armadas, produciendo un resultado mucho peor que el régimen anterior. Otro ejemplo es Irak en 2003: la ocupación militar angloestadounidense disolvió el estado A sin construir un gobierno puente legítimo y con autoridad real, lo que generó una insurgencia violenta y una guerra civil que duró años.
El segundo modelo es el de transición acolchonada o gradualista, que concibe el gobierno puente como una estructura de doce a veinticuatro meses con un mandato amplio: no solo convocar elecciones finales, sino también reformar el sistema judicial, desmontar los aparatos de represión, garantizar la reinserción de los antiguos actores del estado A que acepten las nuevas reglas y construir una institucionalidad electoral creíble. En este esquema, el gobierno puente es elegido, directa o indirectamente, mediante elecciones universales o un pacto amplio que incluye a facciones moderadas del chavismo y de la oposición, y en el segundo caso su legitimidad no proviene del sufragio universal directo en competencia plena, sino de un acuerdo nacional refrendado por una asamblea constituyente o un mecanismo extraordinario. Delcy Rodríguez podría mantenerse como jefa del gobierno puente durante una primera fase, pero con poderes compartidos con un Consejo Nacional de Transición donde la oposición moderada tenga voz y veto en materias clave. Este modelo mitiga la resistencia, permite desmontar el chavismo desde dentro mediante incentivos y mantiene la confianza inversora porque el riesgo país se mantiene controlado. La condición indispensable es que la transición no sea percibida como una prórroga encubierta del estado A, sino como un puente genuino con plazos claros y metas verificables. Esto implica que los candidatos incendiarios de ambos extremos, tanto los chavistas irreductibles como los opositores maximalistas como María Corina, deberían abstenerse de participar en el gobierno puente, reservando su contienda para la elección del estado B.
La dinámica actual enfrenta precisamente a estos dos modelos a través de sus principales actores. Delcy Rodríguez, como líder del chavismo pragmático, ha entendido que colaborar con la Casa Blanca es su única garantía de sobrevivencia, está dispuesta a encabezar un gobierno puente de entre 18 y 24 meses, permitiendo la entrada masiva de inversión extranjera a cambio de proteger al chavismo de ser llevado ante tribunales internacionales y de conservar cuotas de poder económico para el ejercicio del gobierno. Su discurso será de unidad nacional, pero en privado negocia que el puente no se convierta en una rampa hacia su persecución. En la vereda opuesta, María Corina Machado y su movimiento maximalista exigen que el gobierno puente sea meramente instrumental y durar lo menos posible, con elecciones al estado B en el primer semestre de 2026. Consideran que cualquier demora es una traición y que el gobierno puente no debería tener poder de reforma sustantiva, sino solo convocar comicios. El problema es que su sola candidatura para el estado B es vista por el chavismo como una sentencia de muerte política y física, por lo que, si el gobierno puente es demasiado corto y débil, no habrá tiempo de desactivar los mecanismos de resistencia chavista, y el estado B nacerá en medio de una crisis de legitimidad y violencia. Así, Washington queda atrapado: si cede a Machado, obtiene un puente frágil que se derrumba antes de llegar al otro lado, si cede a Delcy, corre el riesgo de que el gobierno puente se eternice y se convierta en un estado A con otro nombre.
Para salir de esta encrucijada, conviene recordar una transición exitosa donde el gobierno puente funcionó a la perfección: España tras la muerte de Franco en 1975. Allí, el estado A era el franquismo. No se pasó directamente de Franco a unas elecciones democráticas plenas. Se construyó un gobierno puente: inicialmente un gobierno presidido por Carlos Arias Navarro (aún franquista) y luego, fundamentalmente, el gobierno de Adolfo Suárez a partir de 1976, que no era el estado B democrático pleno, sino un gobierno de transición elegido de manera indirecta a través de las Cortes franquistas reformadas. Ese gobierno puente duró cerca de dos años, durante los cuales se aprobó la Ley para la Reforma Política, se legalizaron partidos y sindicatos (incluido el Partido Comunista), se amnistió a presos políticos y se convocaron las primeras elecciones libres en junio de 1977. La clave del éxito fue que el gobierno puente no era un mero interregno: tenía poder real, mandato temporal explícito y la capacidad de reformar las instituciones desde dentro. Además, los actores incendiarios de ambos extremos, ultraderecha que quería un puente de hierro sin reformas, y extrema izquierda que quería un puente de papel sin estabilidad, fueron aislados. Aplicado a Venezuela, esto sugiere que el gobierno puente debe tener un diseño similar: una duración de entre 18 y 24 meses, encabezado inicialmente por Delcy Rodríguez pero con un copiloto o consejo de supervisión donde participen sectores moderados de la oposición, con el mandato explícito de reformar el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral y las fuerzas armadas, y con una cláusula de caducidad que impida su prórroga más allá del plazo fijado. María Corina, por su parte, debería aceptar no formar parte del gobierno puente (para no encender la resistencia chavista) y concentrarse en preparar su candidatura para el estado B, siempre que acepte la hoja de ruta de reformas previas. Si insiste en convertir el gobierno puente en una caseta de campaña de paso ultrarrápido, será el equivalente a pedir elecciones en España en 1976 antes de legalizar partidos y amnistiar presos, el resultado habría sido un fraude o una guerra.
A la luz de estas consideraciones, las recomendaciones estratégicas para la Casa Blanca son claras. Primero, no optar por un gobierno puente de shock: los ejemplos de Libia, Irak y Afganistán demuestran que saltarse el puente o hacerlo de cartón produce vacíos de poder peores que el mal anterior. Segundo, apostar por un gobierno puente de 18 meses con un mandato robusto de reforma institucional, no solo electoral. En cuanto a María Corina Washington debe asumir el costo político de mantenerla al margen del puente, porque un puente incendiado por ambos lados no lo cruza nadie.
En conclusión, la transición venezolana es un problema de ingeniería institucional, no de voluntarismo democrático. El gobierno puente es la pieza clave: un gobierno electo con un mandato temporal y reformador, que no es ni el estado A ni el estado B, sino el mecanismo que permite pasar de uno al otro sin que el proceso colapse. La experiencia exitosa de España demuestra que los puentes sólidos duran entre dos y tres años, cuentan con actores reformistas del antiguo régimen, aíslan a los maximalistas de ambos extremos y entregan el poder al estado B mediante elecciones creíbles solo después de haber transformado las reglas del juego. Fracasar en construir ese puente, ya sea por shock abrupto o por eternización encubierta, es garantizar que el estado B jamás llegue, o que llegue tan frágil que termine devorado por la violencia o por un nuevo autoritarismo. La tarea ahora es diseñar un puente de hormigón armado, no una pasarela de madera podrida.
Pero existe un escenario que ningún estratega responsable puede ignorar, porque es quizás el más probable si se cometen errores en el diseño del gobierno puente: que el chavismo, aprovechando las profundas divisiones de la oposición, termine ganando las elecciones que coronan la transición, y que el resultado no sea un gobierno B democrático, sino un retorno al estado A, es decir, una transición que va de A a A. Este desenlace puede darse de varias formas. La más sutil, y políticamente más devastadora para Washington, sería que el chavismo presentara una candidatura renovada, quizás la propia Delcy Rodríguez o un sucesor ungido por ella, y que la oposición, dividida entre la facción maximalista de María Corina (que se niega a pactar con nadie) y una facción moderada (dispuesta a acuerdos parciales), concurriera a las elecciones con dos o más candidatos, fragmentando el voto opositor. En ese caso, el chavismo podría ganar limpiamente en las urnas, con un porcentaje que ronde el 35 o 40 por ciento frente a una oposición partida en dos mitades. Y entonces ocurriría lo peor desde la perspectiva de la Casa Blanca: habría pasado por las fases 1 y 2 de inversión y estabilización, habría construido un gobierno puente de 18 meses, habría gastado capital político interno y externo, para que al final el estado B fuera, de hecho, otra versión del estado A. Una transición de A a A, consumada democráticamente en las formas podría mutar una A primera A aferrada al mandato del Socialismo del Siglo XXI a otra A aprendida por la experiencia transitada se transforme en un experimento de solución inesperado y no un fracaso estratégico mayúsculo, un ejemplo de manual de cómo las buenas intenciones y los planes técnicamente sólidos pueden ser derrotados por la política real y a la vez dejar enseñanzas políticas que rompen paradigmas.
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