Pedro Luis Martín Olivares – La llegada de Dinorah Figuera a Venezuela ha encendido el debate político. La antigua presidenta de la Asamblea Nacional (elegida en 2015) llegó a Maiquetía, según se dice, con un aval del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Su misión: negociar un Consejo Nacional Electoral creíble para abrir una ruta de transición. Lo que hace explosivo este episodio es un detalle: Figuera aterrizó sin haber sido consultada a María Corina Machado, la principal líder opositora. Washington parece haber decidido que la salida democrática no pasa por una sola persona, sino por un reacomodo amplio de interlocutores. Algunos lo ven como un giro pragmático de la administración Trump, otros, como una traición a la dirigencia histórica opositora.
Los regímenes autoritarios suelen usar las reglas electorales para dividir la oposición. Manipulan candidaturas, premian leales y castigan disidentes. En Venezuela, ese mecanismo ya no puede ser la narrativa: el chavismo sigue jugando esas cartas como lo hacen todos los actores de poder del mundo, pero hoy Washington también mete la mano. Al promover ciertos interlocutores y desautorizar otros, Estados Unidos está instalando una nueva línea de fractura dentro del antichavismo. La oposición queda atrapada entre dos fuerzas que la dividen: el chavismo, por dentro, y Washington, por fuera. Esa es la paradoja venezolana: la división no proviene solo del supuesto autoritarismo interno, sino también de la intervención externa que redefines quién habla en nombre de la oposición.
Para entender los próximos comicios, hay que ver el tablero como un pentágono de cinco fuerzas. El primero es el oficialismo de Delcy Rodríguez, un bloque cohesionado con control institucional y ventaja de movilización. El segundo es María Corina Machado y Vente Venezuela, que encarna la resistencia frontal, con gran capital simbólico y rechazo al chavismo. El tercero es el bloque del G4, con Figuera, Guaidó y sus derivados, que apuesta a la negociación, la participación y la disputa por la representación opositora. El cuarto son los “alacranes”, la oposición interna que opera dentro del marco institucional y que es criticada por colaborar con el chavismo. El quinto son los independientes y no alineados, ciudadanos que no se sienten representados por ninguna de las plataformas existentes.
La fragmentación opositora no es casual: es un efecto esperado del autoritarismo. Los regímenes autoritarios crean “estructuras divididas de contienda” para que la oposición se dispute entre sí siglas, candidaturas y legitimidad. En Venezuela, la judicialización de los partidos ha sido clave: tribunales entregan la tarjeta de un partido a una facción, mientras dos líderes compiten por la misma sigla y el mismo electorado. El caso de Acción Democrática lo ilustra: una facción de Bernabé Gutiérrez opera dentro del sistema, mientras otra de Henry Ramos Allup mantiene una postura crítica y se acerca a Machado. Primero Justicia y otras organizaciones han sufrido escisiones o intervenciones que debilitan su capacidad de acción unitaria.
Esta división tiene un efecto corrosivo sobre el voto. Cuando los electores creen que sus opciones no pueden coordinarse, aumenta la abstención, el voto de rechazo y la desmovilización. El régimen no necesita convencer a todos: le basta dividir, cansar y hacer creer que la alternancia es improbable. La fragmentación opositora favorece al incumbente incluso si no genera entusiasmo. En el caso de Delcy Rodríguez, esto cambia: aparece en las encuestas con tendencias ascendentes, lo que sugiere que el oficialismo no solo se beneficia de la división, sino que también gana apoyo real.
La historia muestra que los regímenes autoritarios no siempre eliminan la competencia: la fragmentan hasta que se vuelve inofensiva. En Nicaragua, la eliminación de límites a la reelección permitió a Daniel Ortega consolidar una autocracia personalista. En Hungría, Viktor Orbán mantuvo elecciones mientras modificaba el terreno con reformas institucionales y control mediático. En Rusia, se crearon oposiciones satélites para dividir el espacio contestatario. En Zimbabue, la competencia se volvió desigual mediante coerción, patronazgo y manipulación del registro. La lección común es clara: los autoritarios no siempre cierran la cancha, la inclinan hasta que la oposición ya no puede competir con igualdad.
En el pasado, la división opositora se explicaba por la acción del régimen. En Venezuela, Washington altera ese equilibrio: al definir qué oposición es útil para una transición, el país entra en una disputa por la soberanía simbólica de la oposición. Aparecen varias mesas, coaliciones parciales y una competencia por la intermediación con Washington. El regreso de Figuera no es solo un gesto institucional: es un reordenamiento geopolítico del liderazgo opositor. Ese desplazamiento tiene consecuencias serias. Cuando una potencia externa define quién representa la oposición legítima, el conflicto interno deja de ser meramente partidista. La narrativa de unidad contra el autoritarismo se rompe y se impone una competencia por la intermediación con el exterior.
El partido blanco, que por décadas articuló la política venezolana, hoy está dividido: una facción participa en el tablero institucional, otra mantiene una línea crítica sin cerrar la puerta a la convergencia. Primero Justicia y otros grupos han sufrido escisiones o intervenciones judiciales que vacían su contenido. La judicialización no solo divide: también hace que la oposición pierda la capacidad de hablar con una sola voz.
La propuesta de eliminar la reelección indefinida tiene valor estratégico. En sistemas frágiles, la reelección sin límites consolida el hiperpresidencialismo y dificulta la alternancia. Más que una discusión técnica, la limitación de mandatos es una barrera contra la captura del Estado. Puede ser un punto de encuentro entre sectores opuestos que coinciden en impedir la perpetuación del poder.
La evolución de la política venezolana dependerá de si los actores logran construir acuerdos mínimos. El chavismo conserva disciplina, control territorial y ventaja institucional. La oposición posee capital simbólico, pero está dispersa entre liderazgo, exilio, negociación, pugnas por cargos, resistencia interna e independientes. Si el nuevo CNE es un árbitro creíble, podría abrirse una vía de transición. Si no, la fragmentación seguirá siendo el combustible de la continuidad autoritaria. El pentágono electoral venezolano no es solo cinco bloques en disputa: es cinco lógicas políticas distintas, coerción, legitimidad, negociación, adaptación y autonomía social. La pregunta clave no es solo quién tiene más apoyo, sino quién logra convertir su posición en ventaja organizativa dentro de un sistema profundamente desigual.
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