Pedro Luis Martín Olivares – El Salvador vivió en el 2017 una crisis financiera por los desacuerdos entre el oficialismo y el principal partido de oposición en el Congreso, situación que apunta a prolongarse a 2018 y que pone en peligro la aprobación del presupuesto y el pago de la deuda estatal.
El clímax de la intransigencia política se dio el 6 de abril pasado, cuando los diputados no aprobaron una millonaria emisión de bonos para evitar el impago de la deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Días después fue convocada una sesión extraordinaria en el Congreso para buscar saldar la deuda de más de 50 millones, pero fue abortada por la falta de acuerdo y los legisladores prefirieron irse a vacaciones de Semana Santa dejando al país en el impago.
Esta situación dio al traste con la imagen financiera del país centroamericano, ya que las calificadoras de riesgo lo pusieron en las categorías más bajas y la Hacienda pública se vio obligada a dejar de colocar bonos en el mercado internacional por la escalada en los intereses.
Sin importar esta situación, ni el efecto que podría tener en el sistema previsional en general y en las pensiones de los jubilados, los diputados volvieron de su descanso más dispuestos a discutir en los medios que en la sede del Congreso.
Veinte días después de iniciado el terremoto financiero, el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y otros partidos minoritarios recortaron 56 millones de dólares del presupuesto estatal para saldar la deuda, mientras que la principal fuerza opositora, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), no votó.
Las carteras de Seguridad, Educación y Salud sufrieron recortes, pero ministerios como el de Turismo y Medio Ambiente en El Salvador se quedaron casi “en ceros”, informó posteriormente el Gobierno.
Saldada la deuda, los diputados se concentraron en una reforma al sistema de pensiones que alcanzaron el 28 de septiembre pasado y con la que también evitaron un nuevo impago con las AFP por más de 90 millones de dólares.
A inicios de febrero, dos gremiales de empresarios advirtieron que el país estaba al borde el racionamiento eléctrico por la deuda del Ejecutivo con las distribuidoras en concepto de subsidios a la población.
La crisis financiera apunta a prolongarse en 2018, dado que los desacuerdos entre los principales partidos ponen en riesgo la aprobación del presupuesto por 5,520 millones de dólares y de deuda por 2,800 millones de dólares para saldar las “brechas” en el presupuesto de los próximos dos años y renovar Eurobonos que vencen entre 2019 y 2024.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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