Pedro Luis Martín Olivares – El Gobierno de Puerto Rico se declaró en bancarrota y buscará de esta manera reestructurar su deuda pública, anunció el gobernador Ricardo Rosselló.
«Tomé la decisión de solicitarle a la Junta (de Supervisión Fiscal) que Puerto Rico se acoja a la protección del Título III para trabajar de forma estructurada en el pago de la deuda bajo los parámetros del plan fiscal», dijo Rosselló en conferencia de prensa en La Fortaleza (sede de Gobierno), según consigna el diario Primera Hora.
Botón de emergencia
El Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, aprobada por el Congreso de Estados Unidos y conocida como Ley Promesa, prevé el inicio de un proceso supervisado de reestructuración en caso de que los acreedores y el Gobierno no logren acuerdos para los pagos de deuda.
El gobernador garantizó su compromiso de hacer frente a las obligaciones del Ejecutivo, pero dijo que actuó priorizando el interés de los ciudadanos.
«Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores (…) No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño», dijo Rosselló.
Deuda total
La Junta de Supervisión Fiscal, creada por la Ley Promesa, estima que la isla adeuda 12.096 millones de dólares en bonos y unos 240 millones a distintas empresas vinculadas con los servicios de Gobierno, señala el diario El Nuevo Día.
En total, la deuda pública de Puerto Rico se estima en unos 70.000 millones de dólares.
Medida urgente
El Gobierno se amparó en el Título III de la Ley Promesa luego de que el lunes expirara el llamado «stay» o suspensión contra los litigios, que protegía a la isla de cualquier demanda presentada por sus acreedores exigiendo el pago de la deuda.
«Mientras el Gobierno de Puerto Rico se mantiene con la intención de dialogar y negociar de buena fe con los acreedores, la reciente expiración de la moratoria impuesta por Promesa contra la aplicación de las responsabilidades de los reclamos de los acreedores dicta que el mejor curso de acción para el Gobierno es entrar en Título III con el propósito de ajustar sus deudas a un nivel sostenible consistente con el Plan Fiscal», dijo Rosselló.
En virtud de la Ley Promesa, aprobada el 30 de junio del pasado año por el Senado de EE. UU., la JSF tiene bajo su tutela las finanzas de Puerto Rico, que no es un país independiente sino un Estado Libre Asociado de EE. UU.
La junta, nombrada desde Washington, tiene potestad para poner en marcha un plan de austeridad, reformar la legislación de Puerto Rico y ajustar sus prioridades económicas.
Está previsto que la JSF funcionará hasta que la isla cumpla cuatro años seguidos sin déficit fiscal.
Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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