Pedro Luis Martín Olivares – Desde que la ICO manía explotó a principios de 2017, Suiza se ha convertido en la plataforma de lanzamiento de crowdsale de Europa. Las autoridades financieras han dado la bienvenida a nuevas empresas criptográficas, y gente como Tezos, Mysterium y Arcblock han prestado atención a esa llamada. Las directrices establecidas por la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) en febrero tenían por objeto aclarar las ICOs. En cambio, han tenido el efecto opuesto.
Las pautas de FINMA están causando preocupación. En febrero, news.Bitcoin.com informó cómo FINMA había publicado directrices con la intención de “crear claridad para los participantes del mercado”. Entre los riesgos abordados en el documento de 11 páginas, estaba la preocupación de que el dinero podría ser lavado a través de crowdsales.
“La regulación antilavado de dinero da lugar a una serie de requisitos. Por ejemplo, usar una compañía suiza para realizar la identificación y verificación de la identidad de todos los participantes de las ICO, que es donde comenzaron los problemas.
Con solo un puñado de empresas en condiciones de realizar dichos controles, estas entidades tienen efectivamente un monopolio. El costo promedio de un chequeo KYC (conozca a su cliente) oscila entre $ 0,6 y $ 2 en el espacio ICO, pero Suiza es una excepción. Los organismos acreditados están cobrando hasta $ 25 por chequeo, dejando en una posición incómoda a los proyectos que ya tomaron la decisión de organizar su crowdsale en Suiza.
Grain, criptomonedas diseñada para satisfacer las necesidades de los empleadores y las personas que trabajan para ellos, tuvo que aumentar su contribución mínima de crowdsale, que se había establecido en 0.1 ETH, para cubrir los mayores costos del Swiss KYC. En cualquier parte del mundo, un crowdsale típico puede realizar KYC en todos los participantes por alrededor de $ 30.000. En Suiza, compañías como ICO Engine cobran el 5% de todo ethereum recaudado, lo que significa que pueden guardar un cobro de $ 200.000 o más simplemente para administrar la verificación básica.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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