Pedro Luis Martín Olivares – Un juez español archivó provisionalmente la investigación sobre el exdirector gerente del FMI Rodrigo Rato por supuesto blanqueo de dinero, cohecho y malversación de fondos públicos.
De hecho, consideró que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil basó su denuncia en «sospechas sin sustento».
En un auto, el magistrado Antonio Serrano-Arnal se opuso a seguir con las pesquisas instadas por la UCO, que alertó de que empresas privatizadas cuando Rato (Partido Popular) era ministro de Economía de España (1996-2004) pagaron casi 83 millones de euros por campañas de publicidad en medios a través de sociedades presuntamente vinculadas a su familia.
De acuerdo con fuentes jurídicas, la Fiscalía española ha recurrido la decisión del juez al estimar la existencia de indicios penales suficientes.
La Guardia Civil española puso el foco sobre COR Comunicación, sociedad que más fondos habría recibido de las empresas privatizadas en aquella época (67,6 millones), principalmente de la eléctrica Endesa (61,88 millones), la de alojamientos turísticos Paradores (2,20 millones) y la petrolera Repsol (1,13 millones).
Sobre el supuesto cohecho, dice el juez que «no existen indicios más allá de la sospecha» de que Rato tuviera la «exclusiva potestad» de nombrar a personas afines a él al frente de las empresas privatizadas.
En muchos casos, argumenta Serrano-Arnal, «estaban sujetos a una aprobación colegiada, examinada y razonada» tanto en las compañías como en el Consejo de Ministros.
También refuta la existencia de un posible delito de malversación de caudales públicos en torno a la empresa pública Paradores de Turismo de España, constituida como sociedad anónima en 1991, con anterioridad al periodo que se investiga, al no haberse detectado ninguna irregularidad en sus cuentas y tener un régimen mercantil independiente de la Administración pública.
En relación con los delitos fiscales en los que el exdirector del FMI y exvicepresidente del Gobierno español habría incurrido para blanquear, el magistrado insiste en que un juez investiga hechos concretos, no conjeturas o la búsqueda de indicios basados en sospechas.
Por eso señala la necesidad de que la Agencia Tributaria española determine las cantidades presuntamente evadidas por el exministro al ser «esencial» con vistas a imponer una eventual condena.
Rato, investigado por varios casos de supuesta corrupción y fraude fiscal, fue condenado en febrero de 2017 a cuatro años y seis meses de cárcel por apropiación indebida al usar tarjetas bancarias opacas al Hacienda cuando era presidente de la entidad financiera Caja Madrid (2010-2013).
Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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