Pedro Luis Martín Olivares – El Congreso de los Diputados censuró al ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, por haber beneficiado a los defraudadores con una controvertida amnistía fiscal anulada por el Tribunal Constitucional (TC).
Efectivamente, la reprobación de Montoro fue respaldada por amplia mayoría de los miembros de la Cámara baja, tras la sentencia emitida el pasado 8 de junio por el TC que declaró inconstitucional la Declaración Tributaria Especial de 2012, conocida como amnistía fiscal.
Esta moción fue consecuencia de una interpelación urgente contra el ministro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que exigió su dimisión o su destitución por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En su propuesta, la principal fuerza de la oposición de este país señaló que el titular de Hacienda actuó en contra de los principios de justicia del sistema tributario y de su deber de promover la conciencia fiscal entre los españoles.
A juicio del ministro cuestionado, la regularización fiscal de 2012 contribuyó a evitar el rescate financiero completo de la economía española, dado el alto nivel de déficit de entonces y los elevados intereses que había que pagar por la deuda pública.
Los socialistas le recriminaron que impulsara ese indulto a los evasores fiscales, mientras miles de personas tenían que pagar más por los medicamentos, subía el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y aumentaba los recortes en la educación y la salud.
El diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón calificó de enorme gravedad la amnistía fiscal, exigió responsabilidades políticas y subrayó que el ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) era consciente de la inconstitucionalidad de la medida.
La polémica normativa permitió que quienes no habían declarado todas sus rentas regularizaran su situación fiscal, con un pago del 10 por ciento del valor de los bienes aflorados y sin la aplicación de recargos ni sanciones penales o administrativas.
De acuerdo con el TC, el efecto fue ‘la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las eventuales consecuencias accesorias asociadas al incumplimiento existente hasta el momento de la regularización’.
Para el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, la amnistía apenas regularizó el tres por ciento de lo evadido entre 2008 y 2010.
Entre las personas que se acogieron a la misma aparecen el antiguo director del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato, el exlíder del PP en Madrid Francisco Granados o el otrora tesorero del propio partido Luis Bárcenas, todos procesados por presunta corrupción.
Montoro es el segundo ministro reprobado en menos de un año por el Congreso de los Diputados, que en mayo sancionó al titular de Justicia, Rafael Catalá, por las supuestas injerencias del gobierno en los múltiples casos de corrupción que salpican al PP de Rajoy.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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