Pedro Luis Martín Olivares – El Banco Europeo de Inversión (BEI) aportará 125 millones para sufragar la mitad del coste de la puesta en marcha de un plan para la construcción de 2.198 viviendas de titularidad pública en Barcelona, según anunció el consistorio de la capital catalana.
«Es la operación de financiación más grande del BEI, supondrá un gran ahorro para la ciudad y avala la política de vivienda que estamos haciendo», aseguró en rueda de prensa Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.
Según explico Pisarello, las promociones de vivienda se destinarán a gente mayor y a familias con dificultades para acceder al mercado inmobiliario por motivos de renta.
Estas viviendas, además de cumplir con una labor social, deberán estar sujetas a los estándares marcados por el BEI en materia de calidad ambiental y eficiencia energética.
Por su parte, Josep María Montaner, concejal de Vivienda del Ayuntamiento barcelonés, destacó la importancia de la consecución de estos fondos porque «consolidan la voluntad de autonomía» del Gobierno municipal y disminuyen la presencia de la banca comercial en el impulso de políticas públicas.
Desde mayo de 2015 el Ayuntamiento de la capital catalana se encuentra en manos de Barcelona En Comú, una plataforma municipalista vinculada a la formación de izquierdas Podemos.
Anteriormente, los ministros de Energía de España, Francia, Italia y Portugal remitieron una carta conjunta a la Comisión Europea para solicitar la eliminación de los «obstáculos» que actualmente «frenan» las inversiones en eficiencia energética.
«Para que la eficiencia energética pueda desplegar todo su potencial, deben eliminarse todos los obstáculos a las inversiones que actualmente actúan como un freno, sobre todo para aquellas inversiones a largo plazo», aseguró el Ministerio de Energía de España.
Los cuatro países que firman la carta consideran que se deben revisar las normas europeas de contabilidad para el cómputo en déficit y deuda pública de los contratos de eficiencia en el sector público.
«Debido a las normas actuales de contabilidad, las Administraciones no pueden desarrollar en estas inversiones, aunque se amorticen a muy corto plazo y aunque lo exija la normativa comunitaria, porque generarían un déficit prohibido por la legislación», señalan los firmantes.
Además, los encargados de las carteras energéticas de estos países consideran que la Directiva de Eficiencia Energética debe «mirar más allá de las inversiones a corto plazo» e «impulsar aquellas que generan ahorro en el largo plazo».
Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanza
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