Pedro Luis Martín Olivares – Cuando Donald Trump se postuló por primera vez a la presidencia de Estados Unidos en 2016, se mostraba de mal humor la mayor parte del tiempo, en ambos sentidos de la palabra.
Trump no tuvo reparos en mostrar su enojo durante la campaña. En un debate de las primarias republicanas de 2016, se dejó llevar por esta emoción, afirmando que «aceptaría con gusto el manto de la ira» porque creía que el país era un desastre y estaba gobernado por incompetentes. Trump también abrazó la idea de que él era un tipo diferente de loco. En repetidas declaraciones, recalcó que sería un presidente diferente porque estaba dispuesto a ser un poco loco, un poco impredecible. En 2015, le dijo a un entrevistador, citando a otro empresario:
«Hay cierta imprevisibilidad en Trump que es genial». En su primer discurso importante sobre política exterior de esa campaña, criticó duramente la política exterior estadounidense durante la era de Barack Obama, afirmando: «Como nación, debemos ser más impredecibles».
A Richard Nixon le gustaba proyectar una personalidad de hombre propenso a la ira, lo que llevó a que uno de sus colaboradores, H.R. Haldeman, acuñara el término «teoría del loco», explicando que quería que los norvietnamitas creyeran que era capaz de hacer cualquier cosa para poner fin a la guerra de Vietnam, incluso el uso de armas nucleares.
La teoría del loco postula que un líder que se comporta como si pudiera hacer prácticamente cualquier cosa tiene más posibilidades de persuadir a otros actores globales para que hagan concesiones que de otro modo no harían.
La idea de la “teoría del loco” tiene un origen intelectual que se remonta a Nicolás Maquiavelo. En Discursos sobre Livio, Maquiavelo sugirió que “a veces es muy prudente simular locura”. Y la literatura académica actual registra que, en determinadas circunstancias, tal táctica podría funcionar para alguien en la posición de Trump.
En algunos casos durante su primer mandato, Trump cultivó intencionalmente una reputación de loco. Esto se vio más claramente en sus enfoques hacia Corea del Norte y Corea del Sur. Durante gran parte de 2017, Trump intensificó su retórica hacia Corea del Norte, declarando a la prensa en agosto: “Más vale que Corea del Norte no vuelva a amenazar a Estados Unidos… Se enfrentarán a fuego, furia y, francamente, a una fuerza sin precedentes en el mundo”. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU un mes después, Trump prometió que Estados Unidos podría «destruir totalmente a Corea del Norte.
Trump dejó de burlarse de Kim a cambio de tres reuniones que generaron poco más que algunas sesiones de fotos con bombos y platillos. A pesar de sus altibajos y desvaríos, Trump consiguió una breve pausa en las pruebas de misiles de Corea del Norte, todo ello sin tener que llevar a cabo sus aparentemente descabelladas amenazas. En otras palabras, sonaba irracional por razones completamente racionales.
Pasando al contexto actual, Trump 2 invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 el sábado 15 de marzo pasado, una autoridad centenaria en tiempos de guerra para acelerar las deportaciones masivas de migrantes venezolanos sospechosos de pertenecer a pandillas, sin el debido proceso. La Ley de Enemigos Extranjeros permite al gobierno detener y expulsar a inmigrantes cuando exista «una guerra declarada entre Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjero». También podría aplicarse en casos en que un gobierno extranjero haya «perpetrado, intentado o amenazado» con una invasión o «incursión depredadora» en Estados Unidos. Si bien la ley no puede utilizarse para detener a ciudadanos estadounidenses, los hijos de inmigrantes que son ciudadanos estadounidenses podrían verse afectados. El juez federal, James E. Boasberg, de Washington D. C., impidió temporalmente, por 14 días, que el gobierno deportara a cualquier inmigrante bajo la ley y ordenó el regreso de los aviones que ya habían partido. Es pertinente resaltar que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, ni Venezuela le ha declarado la guerra a Estados Unidos, por acá no hay locos.
Trump ya había insinuado la posibilidad de invocar la ley durante la campaña electoral. Dado que la ley no forma parte de la ley de inmigración, permitiría al gobierno detener y deportar a personas sin audiencias judiciales ni entrevistas de asilo. La ley se ha aplicado tres veces desde su aprobación, durante la Guerra de 1812, y en la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando su uso más infame se produjo al emplearse para justificar el internamiento de japoneses.
El gobierno apeló la decisión del juez Boasberg ese mismo día y el día siguiente el secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en redes sociales que 250 «miembros enemigos extranjeros» del Tren de Aragua fueron enviados a El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió una captura de pantalla de un reportaje sobre la orden de Boasberg el domingo X, escribiendo: «¡Uy!… Demasiado tarde» con un emoji de risa. El secretario de Estado, Marco Rubio, retuiteó la publicación.
Si bien la Constitución otorga al Congreso la facultad de declarar la guerra, el presidente tiene la autoridad para responder a ataques repentinos, como incursiones o invasiones depredadoras. Trump 2 ya había comenzado a argumentar durante la campaña electoral que dicha incursión o invasión ya estaba en marcha. Su administración ha declarado a algunos cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, inclusive, Trump afirma sin fundamento alguno que uno de ellos, el Tren de Aragua, se apoderó de un suburbio de Denver y muchos republicanos también se han hecho eco del lenguaje de Trump al referirse a la inmigración ilegal como una «invasión».
Algunos juristas y académicos plantean que se trata de una “orden judicial desafiada”, un enfrentamiento entre dos ramas del gobierno. La primera de muchas, como se estado advirtiendo, y el inicio de una verdadera crisis constitucional, lo cual podría derivar en que Trump podría ser objeto de un juicio político. La Casa Blanca celebra esa lucha. «Esto va camino a la Corte Suprema. Y vamos a ganar». El argumento político es que Trump no estaba desafiando al juez cuyo fallo llegó demasiado tarde para que los aviones cambiaran de rumbo: «Es muy importante que la gente entienda que no estamos desafiando activamente las órdenes judiciales». Los asesores de Trump sostienen que el juez Boasberg se extralimitó en su autoridad al emitir una orden que impidió al presidente deportar a unos 250 presuntos pandilleros del Tren de Aragua en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789.
Veamos la Cronología: El presidente firmó la orden ejecutiva que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros el viernes 14 de marzo por la noche, pero intencionalmente no la divulgó. El sábado por la mañana, se filtró la información de la orden, según informaron las autoridades, lo que desencadenó una frenética carrera para conseguir que los aviones despegaran. A las 2:31 p. m. del sábado, un activista migratorio que rastrea los vuelos de deportación publicó «DOS vuelos ALTAMENTE INUSUALIZADOS de ICE» salían de Texas con destino a El Salvador, país que había acordado aceptar a pandilleros venezolanos deportados de Estados Unidos. Horas después, durante una audiencia judicial, Boasberg ordenó detener las deportaciones y dijo que cualquier vuelo debía ser cancelado en pleno vuelo. «Esto es algo que deben asegurarse de que se cumpla de inmediato», declaró al Departamento de Justicia. En ese momento, alrededor de las 18:51, ambos vuelos se encontraban en la península de Yucatán, según las rutas de vuelo. En la Casa Blanca, los funcionarios discutieron si ordenar a los aviones que regresaran. Siguiendo el consejo de un equipo de abogados de la administración, esta siguió adelante. Se debatió hasta qué punto puede llegar el fallo del juez dadas las circunstancias y sobre aguas internacionales, y, por consejo de los abogados, se procedió con la deportación. «Ya estaban fuera del espacio aéreo estadounidense. Creemos que la orden no es aplicable», declaró un alto funcionario de la administración Trump 2.
En el terreno político, Trump 2 ya estaba buscando una batalla legal por la Ley de Enemigos Extranjeros, uno de los varios frentes en los que, según creen, las impugnaciones legales a la autoridad del presidente solo la fortalecerán cuando la Corte Suprema falle a su favor. Entre líneas, Oficialmente, la Casa Blanca de Trump no niega haber ignorado la orden del juez y, en cambio, quiere centrar el debate en si fue correcto expulsar a los presuntos miembros del Tren de Aragua. «Si los demócratas quieren argumentar a favor de devolver un avión lleno de violadores, asesinos y pandilleros a Estados Unidos, es una lucha que con gusto aceptaremos», declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt sobre el caso.
Ahora revisemos otra cara de esta locura en proceso. Estados Unidos le va a pagar a El Salvador 5.220.000 dólares por meter en la cárcel durante un año a 261 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, es decir, alquilados anualmente por 20.000 dólares, lo cual trae a la memoria las horrorosas experiencias de la esclavitud. Vale recordar que esos venezolanos no cometieron ningún delito en territorio salvadoreño y tampoco tuvieron la oportunidad de defenderse en Estados Unidos, en otras palabras, se están violando leyes nacionales e internacionales de manera abierta, solamente sustentadas por mecanismos de fuerza y extorsión.
«El Salvador confirma que albergará a estas personas durante un (1) año, a la espera de la decisión de Estados Unidos sobre su destino a largo plazo», según un memorando del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Surge la interrogante, ¿Qué pasaría si en Venezuela se dicta una prohibición de salida del país y se llevan a la Isla del Burro a todos los salvadoreños que se encuentran en el país, como una acción de reciprocidad internacional y se pasa una factura de gobierno a gobierno de 20.000 dólares por confinado? Seria una locura, pero alguien por allí diría “lo que es igual, no es trampa”. Es conveniente puntualizar en el marco de esta interrogante-propuesta-absurda que, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló durante una visita reciente que el gobierno de El Salvador se había ofrecido a albergar en sus cárceles a «criminales peligrosos» deportados de Estados Unidos, lo que produjo que grupos de derechos humanos se opusieran al plan, citando informes de tortura y muertes bajo custodia en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha encabezado una ofensiva contra las pandillas que ha incluido juicios masivos y la construcción de una «mega prisión». Es imperante dejar claro que el pueblo de Venezuela tiene límites de aguante.
La respuesta del presidente Nicolas Maduro ha sido seguir recibiendo con los brazos abiertos a los venezolanos que regresan a su patria, mantener los canales de negociación abiertos con el mundo para recibir inversiones extranjeras con la vocación de hacer los ajustes necesarios para que esos capitales se sientan seguros en un territorio socialista, como se sienten de seguros en China, pero dejando claro, como la luna llena, que jamás arrearemos nuestras banderas de lucha por nuestras creencias ideológicas.
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