Pedro Luis Martín Olivares – Diosdado Cabello, anunció hace dos días la detención oportuna de un asesino masivo potencial, quien pudo provocar daños incalculables contra la vida de venezolanos, es difícil dimensionar el número de muertos derivado de su calculado plan, el cual consistía en proporcionar a Estados Unidos información sobre supuestas ubicaciones de misiles iraníes en el país, los cuales serian lanzados a nivel internacional.
Ya María Corina y sus cachorros habían realizado los primeros avances mediáticos internacionales en ese sentido. Un loco de este tipo, es del mismo tipo de los que incesantemente han conspirado para derrocar la democracia que sembró Chávez en Venezuela en el año 1999. Vale hacer un recuento para recordar y dimensionar de que están hechos los dirigentes del PSUV.
Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela ha enfrentado múltiples intentos de desestabilización política, golpes de Estado, protestas violentas, sanciones económicas y campañas internacionales para derrocar al gobierno chavista.
El Golpe de Estado de 11-13 de abril de 2002, sectores empresariales (Fedecámaras), medios privados, partidos opositores y altos mandos militares se opusieron a las políticas de Chávez. Se produjeron masivas protestas opositoras en Caracas, francotiradores dispararon contra manifestantes dejando un saldo de 19 muertos culpando al gobierno. Militares rebeldes secuestran a Chávez y anuncian su renuncia. Pedro Carmona (Fedecámaras) se autoproclama presidente y disuelve poderes públicos mediante Decreto. Se produjo una reacción popular, manifestaciones masivas de simpatizantes chavistas y leales militares dejando como resultado que Chávez es restituido en Miraflores el 14 de abril, luego profundizó su control militar y político y la oposición radicalizó su estrategia.
Paro petrolero de diciembre 2002 a febrero 2003, cuyo objetivo era paralizar la industria petrolera (PDVSA) para forzar la renuncia de Chávez, protagonizado por la Nómina Mayor, Gerentes y trabajadores de PDVSA, Fedecámaras y partidos opositores. Este hecho contra la patria originó la caída del PIB en 27% en 2003, escasez de gasolina y alimentos. Después de su fracaso el gobierno despidió a 18,000 empleados de PDVSA quienes participaron en el paro de las operaciones de la empresa y retomó el control.
Referéndum Revocatorio de 2004. La oposición recolectó firmas para revocar a Chávez, dejando un resultado de 59% de votos a favor de Chávez, verificado por observadores internacionales. La oposición acusó fraude sin pruebas y Chávez consolidó su apoyo popular.
Oposición violenta desplegada en los años 2014 a 2017. Protestas de 2014, etiquetada «La Salida», dirigida por Leopoldo López (Voluntad Popular) y María Corina Machado. Solicitaban la renuncia de Nicolás Maduro utilizando barricadas violentas (guarimbas) y quema de edificios públicos, dejando 43 muertos según ONG). Leopoldo López es arrestado y luego liberado en 2021. Cosa que en una dictadura seria no hubiese ocurrido jamás. Las protestas de 2017 tuvieron su origen en una supuesta crisis económica y disputa por la Asamblea Nacional (AN). La oposición tomó control de la Asamblea Nacional y declaró «desacato» al Tribunal Supremo. Hicieron protestas callejeras dejando 125 muertos. El gobierno convocó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Intentos de Golpe Suave y Duro (2018-2020). El atentado con drones el 4 de agosto de 2018, lanzándole un explosivo al presidente Maduro en acto militar. Los responsables fueron grupos opositores vinculados a Colombia y Estados Unidos. Juan Guaidó el 23 de enero de 2019 se declara «presidente interino de Venezuela», recibiendo el reconocimiento internacional de Estados Unidos y el Grupo de Lima. Rusia, China, México respaldan a Maduro. Guaidó intento el ingreso de «ayuda humanitaria» por la fuerza en febrero 2019. Se produce la Operación Gedeón (2020) protagonizada por mercenarios entrenados en Colombia quienes pretendían invadir Venezuela. El gobierno venezolano les infringió una penosa derrota.
Sanciones Económicas y Guerra No Convencional. Se produce el Bloqueo Financiero iniciado en 2017 hasta el día de hoy. Estados Unidos impone sanciones a PDVSA, Banco Central y funcionarios provocando hiperinflación, migración masiva con el propósito de que la crisis humanitaria creada por ellos fuese usada como presión política.
Intento de Captura de Maduro (2020). Estados Unidos ofrece $15 millones por información por la cabeza de Nicolas para arrestarlo.
Esa mafia conspirativa no va a parar hasta que se extinga esa generación. Ellos ofrecen las riquezas y los activos de Venezuela como pago al mejor postor a cambio de que los lleven a Miraflores, situación que se ha ido mermando en el tiempo y ya los ven como una banda de estafadores. En la actualidad abrigan sus esperanzas en la empresa mercenaria de seguridad privada Blackwater, ahora conocida como Academi, relacionada con el intento de golpe de estado liderado por Juan Guaidó y Maria Corina. El fundador de Blackwater, Erik Prince, ha ofrecido sus servicios, pero parece que le han pedido comisiones muy altas y no dan con el precio.
El chavismo ha enfrentado golpes de Estado, sabotajes económicos, violencia callejera, sanciones y operaciones internacionales, pero sigue en el poder debido a contar con apoyo popular en sectores populares, respaldo institucional y apropiadas alianzas internacionales. Adicionalmente, se han realizado dos elecciones 2024 y 2025 que le dan una alta estabilidad política al gobierno de Maduro.
Ante estos antecedentes veamos como se construye el acero. El concepto de legítima defensa es fundamental en el derecho penal, político e internacional. Sin embargo, su aplicación varía según el sujeto que la invoca: un individuo, un gobierno o un Estado.
La legítima defensa es un principio jurídico que permite repeler una agresión ilegítima para proteger un bien jurídico propio o ajeno. Su aplicación difiere según el contexto: A nivel individual se aplica en el derecho penal como eximente de responsabilidad. A nivel gubernamental se usa para justificar medidas de seguridad interna contra amenazas. A nivel estatal en el derecho internacional, justifica el uso de la fuerza militar en caso de agresión externa.
Legítima Defensa en el Individuo. En la mayoría de sistemas jurídicos, la legítima defensa personal exige agresión ilegítima: Un ataque real, no imaginario. Necesidad racional del medio empleado, donde la fuerza usada debe ser proporcional. Y falta de provocación suficiente, es decir, el defensor no debe haber incitado el ataque.
Legítima Defensa en el Gobierno (Seguridad Interna). Un gobierno puede invocar legítima defensa para repeler rebeliones violentas, neutralizar actos terroristas y defender instituciones democráticas de golpes de Estado. Los requisitos son proporcionalidad donde las medidas de fuerza deben ser necesarias y legalidad, debe actuar dentro del marco constitucional.
Legítima Defensa en el Estado, campo del derecho internacional. Tiene su base en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual reconoce el derecho a la legítima defensa ante un ataque armado externo. Establece que la respuesta debe ser en el momento del ataque o inminente, no justifica invasiones masivas como represalia y el Estado atacado debe informar a la ONU. El contenido de este Articulo se aplica a Venezuela como país agredido y a cualquier país que pretenda agredir a Venezuela.
Los mecanismos de defensa realizados por el gobierno democrático del chavismo durante todos estos años se ha enmarcado dentro de los limites proporcionales apropiados, basados en conceptos universalmente aceptados.
Libertad de Expresión vs. Sedición: La libertad de expresión es un pilar de la democracia, pero no es absoluta. Instrumentos legales como leyes contra la sedición, la conspiración con potencias extranjeras o la difusión de noticias falsas pueden aplicarse si se demuestra que las acciones de la oposición buscan desestabilizar al Estado. Sin embargo, su aplicación debe ser proporcional y respetando el debido proceso.
Regulación de la Desinformación: Algunos países han implementado leyes contra la desinformación cuando esta pone en riesgo la seguridad nacional. Un gobierno democrático puede establecer mecanismos de verificación de hechos sin censurar el disenso legítimo.
Estrategias de Comunicación y Diplomacia Pública. Contrarrestar Narrativas Falsas: El gobierno debe fortalecer sus canales de comunicación para presentar información verificada y transparente, evitando caer en propaganda. Diplomacia Preventiva: Ante denuncias falsas en foros internacionales, el gobierno debe actuar con diplomacia activa, presentando pruebas y buscando alianzas con organismos multilaterales. Diálogo Político y Medidas Institucionales: Negociación con sectores moderados de la oposición, ya que no toda la oposición apoya medidas extremas. El gobierno debe buscar acuerdos con sectores dispuestos al diálogo para aislar a los grupos más radicales. Reformas Electorales y Fortalecimiento de Instituciones: Reforzar la transparencia electoral y los mecanismos de participación puede reducir la deslegitimación que alimenta posturas extremas. Riesgos y Límites de la Respuesta Gubernamental: Un exceso de medidas represivas puede generar más polarización y dar argumentos a quienes acusan al gobierno de autoritario. Por ello, cualquier acción debe ser cuidadosamente calibrada.
En definitiva, un gobierno democrático enfrenta el reto de responder a una oposición que promueve sanciones e intervenciones extranjeras sin traicionar sus principios. La clave está en combinar el rigor legal con estrategias de comunicación efectiva y diálogo político, siempre dentro del marco constitucional. Así se ha hecho.
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