Pedro Luis Martín Olivares – La desigualdad, una de las causas que más afecta a la vida de las personas y que mina la democracia y el desarrollo, podría disminuirse con una Renta Básica Universal (RBU) en Guatemala de 175 quetzales mensuales (unos 40 dólares) y más inversiones sociales que ayudarían a eliminar la pobreza extrema.
Esta es una de las principales conclusiones del libro «Renta básica universal: Más libertad, más igualdad, más empleo, más bienestar. Una propuesta para Guatemala (2019-2030)», presentado en la capital por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Este volumen concluye que estas dos iniciativas, además de una reforma tributaria progresiva y una política efectiva de gestión pública, generarían 4,7 millones de empleos y un crecimiento potencial de la economía de hasta 50 %.
Al estudiar la desigualdad social en Guatemala, el libro hace referencia a la aguda desnutrición crónica que lacera a la infancia, sobre todo, a la indígena y a la del área rural.
Además, menciona los desniveles en la representación política de las mujeres en los espacios de poder privado y público o el flagelo del trabajo infantil.
La publicación cuenta con el apoyo de la confederación internacional Oxfam y la Embajada de Suecia.
La obra tampoco olvida la ausencia de garantías laborales, las disparidades en el ingreso, la precariedad de los trabajadores, el costo inalcanzable de la canasta básica alimentaria, el extendido rostro de la pobreza y la pobreza extrema -que también es con mayor frecuencia en la mujer indígena y rural- y la compleja institucionalidad del racismo.
Impulsando la idea
Es por ello que el Icefi cree que esta realidad obliga a proponer alternativas que ayuden a mitigar la desigualdad social y sus efectos más nocivos, para así poder construir escenarios económicos, sociales y fiscales para sustentar un desarrollo económico sostenible e inclusivo.
La RBU, entendida como una suma de dinero que el Estado asigna a cada ciudadano o residente, acompañada de mejoras en los bienes y servicios públicos tendría impactos positivos en la sociedad guatemalteca.
El estudio, que según el instituto regional debe considerarse un trabajo seminal y sujeto a la discusión y profundización posterior, también revela que una RBU como la propuesta podría generar 4,7 millones de empleos en los próximos años (33 % de la población en edad de trabajar en 2030) repartidos en todo el territorio nacional y en los sectores agrícola, financiero, industrial y comercial.
Por otro lado, la bancarización de esta transacción promovería la formalización de los negocios interesados en proveer bienes y servicios a la población.
La reducción de la desigualdad, medida por medio del índice de Gini, pasaría de 0,538 a 0,472, mejor indicador al observado en Costa Rica (0,504, 2014), pero muy lejos del registrado en Uruguay (0,379, 2014).
Dos escenarios
En cuanto a lo fiscal, la propuesta incluye mecanismos de financiamiento (con y sin reforma tributaria).
El escenario con reforma tributaria se basa en la modernización del impuesto sobre la renta, eliminación de privilegios fiscales y la reducción gradual de los vectores de evasión de los impuestos sobre la renta y al valor agregado.
Asimismo, enfatiza que la implementación de una política pública como la propuesta implica la revalorización del rol del Estado como principal garante de los derechos de las personas y potenciador del desarrollo y la democracia.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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