Pedro Luis Martín Olivares – El Caso Odebrecht sigue dando de qué hablar. Y es que el grupo decidió crear un consejo global interno anticorrupción.
Estará conformado por expertos internacionales en ética empresarial, por el expresidente de Transparencia Internacional Jermyn Brooks, el expresidente de Shell Mark Moody-Stuart y la profesora de la Escuela de Negocios de Harvard Lynn Paine, entre otros.
La junta examinará los negocios de la constructora desde un punto de vista ético tras su participación en el abrumador caso de corrupción abierto en el seno de la petrolera estatal brasileña Petrobras y aconsejará a los llamados «líderes internos de la empresa».
Se conoció que el primer encuentro de este grupo está pautado para el próximo 22 de octubre y allí se debatirá sobre «cómo ser competitivo respetando las reglas de la ética».
Como se sabe el caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
Odebrecht creó esta «Caja B» a finales de los años 2010 con el nombre de «Sector de relaciones estratégicas» para disimular la maraña de coimas.
Concepción Andrade, entonces veinteañera y empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987.
A su despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación.
La empresa se constituyó en 1944 y tiene filiales en América y El Caribe, África, Europa y Medio Oriente. Con los años se convertiría en la constructora líder de América Latina, teniendo presencia en 27 países.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU la cifra de sobornos llegaría a los 788 millones de dólares. Todo esto se efectuaba mediante una “División de Operaciones Estructuradas”.
Los pagos se hacían en efectivo o a través de transferencias de empresas relacionadas ubicadas en paraísos fiscales.
La investigación revela que Odebretch y Braskem habían creado una unidad de negocios para el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos de Brasil, Argentina, Venezuela, Angola, Mozambique, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana, Perú, Colombia y Ecuador con el fin de facilitar la consecución de contratos para más de 100 proyectos en distintas regiones.
La justicia estadounidense procesó a las empresas por conspiración para violar la legislación estadounidense contra sobornos. Los acusados se declararon culpables como parte de una confesión a cambio de reducción de su pena.
Asimismo, hubo un acuerdo de las empresas con la justicia estadounidense de revelar hechos ilícitos perpetrados por Petrobras (estatal petrolera de Brasil), que fueron ejercidos por la empresa Odebretch y denunciados en la Operación Lava Jato.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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