Pedro Luis Martín Olivares – La hacienda francesa prevé imponer a las grandes empresas, aquellas con una facturación superior a los 1.000 millones de euros, una tasa de carácter temporal para compensar el impacto del coste de los litigios perdidos.
Luego de la decisión de los tribunales europeos de declarar inválido el gravamen a los dividendos establecido durante el mandato de Francois Hollande.
El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, aumentando que en estos momentos se discute «una solución temporal» que afectaría únicamente a grandes grupos.
«Solo aquellos con ingresos superiores a 1.000 millones de euros se verán afectados, no las pymes», apunta Le Maire.
Francia es la quinta economía del mundo, detrás de los Estados Unidos, Japón, China y Alemania.
En 2007, su Producto Interno Bruto (PIB) era 1 billón 892.000 millones de euros.2 Tiene el décimo séptimo mayor PIB per cápita (en el tipo de cambio nominal), ligeramente por encima de la media de la UE-15. En la clasificación por el PIB en PPA, es la séptima economía a escala global.
El sector de los servicios ocupa al 75% de la población, mientras que el primario a menos del 2% y el secundario al 24%. La economía francesa es una economía cada vez más abierta, representando un lugar importante en el comercio internacional.
Francia es el quinto país por sus exportaciones y el sexto por sus importaciones. En 2006, las exportaciones representan el 26% del PIB y las importaciones un 27%. La tasa de desempleo sigue siendo más alta que la de otros países desarrollados.
A este respecto, el ministro de Economía y Finanzas justifica la posibilidad de fijar esta tasa temporal por la necesidad de cubrir los gastos que han representado para el Estado los litigios perdidos en relación con el impuesto a los dividendos fijado por el anterior Gobierno y que ha sido invalidado por los tribunales europeos.
«El impuesto a los dividendos, establecido en 2012, fue considerado ilegal por los tribunales europeos y será suprimido», recuerda Le Maire, quien señala que el Ejecutivo tendrá ahora que afrontar los costes de los litigios perdidos.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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