Pedro Luis Martín Olivares – Una parte del amparo presentado por América Móvil, propiedad del magnate Carlos Slim salió favorable, pues la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) le dio la razón.
En efecto, la instancia judicial declaró inconstitucional el artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones que establece la tarifa cero de interconexión, fundamentando que el Congreso no tenía competencia para ello.
En un comunicado emanado del Supremo se conoció que «la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió por unanimidad de votos que el artículo 131 referido sí es inconstitucional».
La empresa mexicana de telecomunicaciones tiene presencia en 18 países de América, con más de 260 millones de usuarios, y actualmente es la cuarta compañía de telecomunicaciones más grande e importante del mundo.
Opera en varios países con el nombre de Claro y junto a Telmex son controladas por el Grupo Carso, cuyo accionista mayoritario es el multimillonario Carlos Slim.
Nació tras la extinción de los activos de telefonía celular, televisión por cable, Cablevisión (ahora Izzi Telecom) y otros activos internacionales pertenecientes a Teléfonos de México, Telmex.
En Estados Unidos (incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos), América Móvil posee la compañía de telefonía de celular prepagado Tracfone Wireless, que funciona bajo el sistema de Operador Móvil Virtual.
También forma parte de América Móvil la compañía de telefonía celular Claro, que posee filiales en países como Brasil, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Paraguay, Uruguay y Panamá.
El Supremo mexicano detalló que, desde la reforma de 2013, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el que debe declarar la existencia de una empresa preponderante en el sector de las telecomunicaciones y fijar a esa firma «la regulación asimétrica correspondiente».
Entretanto, el Poder Legislativo emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, en vigor desde 2014, que fijó «directamente» la tarifa de interconexión, ordenando al agente preponderante que «no podrá cobrar tarifa alguna por el uso de su red».
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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