Pedro Luis Martín Olivares – La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dominicana continuó la audiencia de apelación que sigue a exfuncionarios, políticos y empresarios, inculpados de recibir los sobornos que la brasileña Odebrecht.
Sin miedo, los cinco jueces de la Segunda Sala Penal de la SCJ oyeron recientemente los alegatos de los últimos cuatro de 10 acusados, quienes pidieron su libertad porque consideran que son inocentes de las acusaciones.
En efecto, la defensa de los exvicepresidentes de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) César Sánchez y Radhamés Segura; del abogado Conrado Pittaluga, y del empresario Ángel Rondón, a quien el Ministerio Público acusa de ser el distribuidor de los 92 millones de dólares que Odebrecht dice pagó entre 2001 y 2014 para agenciarse obras públicas.
Rondón insistió que el dinero que absorbió, que dijo fueron 83 millones de dólares, por parte de la constructora brasileña fue por el reembolso de sus servicios como representante comercial de la firma.
En su opinión, retó a los exlegisladores o exfuncionarios a que se pasraran y confirmaran si él les he entregado un peso para obtener un proyecto. “No, no lo he hecho, lo que he recibido ha sido producto de mi trabajo y puedo justificarle a ustedes dónde los tengo invertido«, exclamó el empresario en la sala.
Pedro Luis Martín Olivares – Supremo dominicano no le cree cuentos a Odebrecht
La brasileña Odebrecht, envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente, encontró en República Dominicana un lugar propicio. Tanto, que la empresa trasladó su oficina de gestión de sobornos a la nación caribeña, donde funcionarios locales se beneficiaron con casi 100 millones de dólares.
No obstante, cinco meses después de que fue revelado el esquema de sobornos, nadie en el país caribeño ha sido castigado, ni siquiera identificado, como beneficiario de las millonarias coimas, lo cual ha generado indignación tanto en grupos civiles como políticos.
Los analistas esperan que al menos el silencio termine el viernes, cuando se espera que la compañía entregue a la Procuraduría los nombres de los beneficiarios como parte de un acuerdo mediante el cual el gobierno renuncia a procesar a los ejecutivos de la compañía y le permite continuar sus operaciones en el país.
Acorde con documentos difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense, ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado unos 788 millones de dólares a funcionarios de 10 países de América Latina y dos de África para conseguir contratos millonarios con los gobiernos.
En República Dominicana, a partir de 2001, Odebrecht distribuyó 92 millones de dólares en sobornos para obtener 17 contratos de construcción de carreteras, presas y una termoeléctrica. Uno de los principales implicados trabajó como asesor del presidente Danilo Medina en sus dos campañas electorales.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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