Pedro Luis Martín Olivares – Este análisis supone una mayoría demócrata en las dos cámaras tras la elección del 3 de noviembre de 2026.
Un Congreso con mayoría demócrata puede encarecer la política de Trump hacia Venezuela, pero no desmontarla: casi todo lo que la sostiene es poder ejecutivo. Las licencias de OFAC, el reconocimiento de Delcy Rodríguez y las decisiones del Departamento de Justicia no requieren aprobación legislativa. Revertirlas por ley exigiría superar un veto con dos tercios en ambas cámaras.
La tesis más sólida sigue siendo la de una continuidad condicionada: los intereses petroleros elevan el costo de una ruptura, y la fiscalización demócrata eleva el costo de una continuidad sin explicaciones. Ninguna de las dos fuerzas garantiza el desenlace.
El nuevo Congreso se instala el 3 de enero de 2027. Hasta entonces sigue en funciones el Congreso saliente, de mayoría republicana. La Casa Blanca tiene unos dos meses para consolidar decisiones sin una mayoría opositora. Vale resaltar que la disminución de poder de Mar a Lago post 3 de noviembre es superior al de la Casa Blanca, aparte de que el efecto en el primero se empieza a materializar desde el día siguiente de las elecciones, mientras que en el segundo, por ser institucional, a partir del 3 de enero.
El Partido Demócrata: más poder para investigar, poco para revertir
La mayoría no inaugura la fiscalización, la vuelve obligatoria. Desde la minoría, los demócratas ya investigaban: el 9 de enero de 2026 los demócratas del Comité de Supervisión abrieron una pesquisa sobre las comunicaciones de la administración con petroleras. Trece senadores demócratas pidieron transparencia sobre arreglos que pudieran favorecer a donantes del presidente.
La distinción entre progresistas y moderados sirve como punto de partida, pero no predice votos individuales. Conviene separar tres debates: la legalidad de las acciones de Trump, las condiciones de la relación con Caracas y la conveniencia económica de las operaciones petroleras. Ambas alas pueden coincidir en exigir explicaciones sin coincidir en cancelar negocios.
Sus herramientas reales tienen alcances muy distintos. La más inmediata son las citaciones y audiencias: basta la mayoría en una sola cámara para exigir documentos a la Casa Blanca, a las petroleras y a los comercializadores, aunque las disputas suelen terminar en tribunales y tardar meses. La más eficaz es la presupuestaria, con condiciones incluidas en leyes de gasto que el gobierno necesita aprobar. Esa vía requiere ambas cámaras, se negocia con la Casa Blanca y rara vez termina en prohibiciones totales.
Al controlar los demócratas también el Senado, suman dos palancas: forzar votaciones de poderes de guerra y frenar nombramientos en Estado, Tesoro y Justicia como forma de presión indirecta. Lo improbable es una ley que revoque las licencias, porque tendría que superar el veto presidencial con dos tercios en ambas cámaras.
Con mayoría republicana, el Senado apenas logró rechazar una resolución sobre Venezuela después de que la administración convenciera a dos republicanos de retirar su apoyo. Si los demócratas controlan el Senado, esas votaciones pasarían, pero chocarían con el veto.
La pregunta central no es si los demócratas bloquearán el petróleo venezolano, sino qué condiciones de transparencia y control lograrán imponer para su continuidad.
El petróleo: un andamiaje amplio, pero revocable
El marco de licencias es mucho más amplio que «Chevron y algunas autorizaciones», y depende por completo del Ejecutivo. Su fragilidad viene menos del Congreso que de la propia Casa Blanca.
La primera pieza fue la Licencia General 46, emitida el 29 de enero de 2026. Permite a entidades estadounidenses ya establecidas comerciar crudo venezolano, pero no autoriza exploración ni inversión nueva. Le siguieron la GL 47, el 3 de febrero, para la venta de diluyentes estadounidenses, y la GL 48, el 10 de febrero, para bienes y servicios de mantenimiento de operaciones. La GL 49 permite negociar contratos de inversión contingentes, pero cada uno requiere una aprobación separada de OFAC. La serie GL 50 autoriza operaciones de entidades con nombre propio, entre ellas BP, Chevron y Shell.
Las licencias se ampliaron en junio y se actualizaron de nuevo el 27 de agosto de 2026. No tienen fecha de vencimiento, pero pueden revocarse en cualquier momento. Hay precedente: OFAC autorizó a Chevron en 2022 y lo revirtió en febrero de 2025. En junio de 2026 revocó una licencia sobre petróleo iraní poco más de dos semanas después de emitirla.
El punto más expuesto a la fiscalización es la GL 49. La inversión de largo plazo pasa caso por caso por una decisión discrecional del Tesoro, justo el tipo de decisión que una investigación sobre donantes o favoritismo puede poner bajo la lupa.
El crudo pesado venezolano es adecuado para refinerías de la costa del Golfo, lo que explica el interés comercial. Eso no lo vuelve insustituible ni demuestra un efecto relevante sobre el precio de la gasolina. Refinadores, productoras, comercializadores y bancos valoran de forma distinta el precio, la seguridad jurídica y el riesgo reputacional.
La formulación más defendible: los intereses energéticos elevan el costo de una ruptura y favorecen soluciones negociadas, pero no eliminan el riesgo político. Un escrutinio más duro probablemente frene la inversión nueva antes que el comercio de crudo existente.
Delcy Rodríguez: normalización avanzada, con la palanca en Washington
La normalización con Caracas llegó más lejos de lo que suele suponerse, pero Washington conserva la capacidad de presionar. Desde la extracción de Maduro el 3 de enero de 2026, Rodríguez gobierna como presidenta encargada y ha alineado al país con las demandas de la administración.
Washington la reconoció formalmente en marzo, lo que permitió reabrir embajadas y consulados. En un caso civil federal, la administración la calificó como «única jefa de Estado». Ese mismo mes, el Tesoro autorizó a PDVSA a vender crudo directamente a empresas estadounidenses y a mercados globales, y el 1 de abril le retiró a Rodríguez sus sanciones personales. La palanca, sin embargo, sigue en Washington: en marzo trascendió que la administración preparaba discretamente un caso legal contra ella.
Es razonable prever que Caracas busque consolidar contratos, compradores e inversiones que encarezcan una marcha atrás estadounidense. Es una inferencia estratégica, no un plan confirmado. Los permisos de OFAC delimitan operaciones; no garantizan una normalización permanente.
Tampoco conviene afirmar que el petróleo es lo único que sostiene el presupuesto venezolano sin cifras fiscales actualizadas. Que Caracas convierta una apertura vulnerable en intereses duraderos dependerá de la ejecución de los acuerdos y de la voluntad de Trump, más que del Congreso.
El caso Maduro: el juez pesa más que el Congreso
El caso ya tiene nueva jueza y el calendario no cambia. Tras la muerte del juez Alvin Hellerstein el 28 de octubre de 2026, el proceso pasó a Analisa Torres, jueza federal del Distrito Sur de Nueva York nombrada por Barack Obama en 2013. Su primera decisión fue mantener intacto el calendario de su antecesor: el juicio con jurado sigue previsto para junio de 2027.
La defensa tiene hasta el 9 de noviembre para pedir la desestimación, y la audiencia sobre inmunidad está fijada para el 17 de diciembre. Los reportes difieren en el día exacto de inicio del juicio (1 o 14 de junio de 2027). Lo relevante es que la continuidad del calendario reduce el margen para retrasos: el juicio coincidirá con los primeros meses de fiscalización del nuevo Congreso.
Cualquier cambio de rumbo exige distinguir las competencias de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, la fiscalía, la defensa y el tribunal. La fiscalía y la defensa pueden negociar un acuerdo de culpabilidad, pero sujeto al control judicial de la regla 11. El Gobierno puede pedir el retiro de cargos, pero necesita la autorización del tribunal según la regla 48.
Es la jueza quien controla el calendario. El Ejecutivo no puede posponer audiencias indefinidamente por conveniencia energética.
La defensa tiene argumentos débiles en dos frentes. Primero, en Estados Unidos la forma en que alguien fue traído ante el tribunal normalmente no anula el proceso (doctrina Ker-Frisbie, aplicada en el caso Noriega). Las críticas políticas a la legalidad de la captura no se traducen automáticamente en una victoria judicial. Segundo, el argumento de inmunidad de jefe de Estado se debilita porque la administración ya reconoció a Rodríguez como única jefa de Estado.
El papel realista de una mayoría demócrata es vigilar si Justicia intenta retirar cargos o pactar una salida por conveniencia diplomática. Esa vigilancia vuelve todavía menos probable un confinamiento pactado en un tercer país, opción que ya carecía de base.
Escenario central y factores que podrían alterarlo
El escenario central es la coexistencia de más fiscalización con un comercio petrolero que continúa y una inversión nueva más cautelosa. Al controlar los demócratas ambas cámaras, sumarán citaciones, votaciones de poderes de guerra, bloqueo de nombramientos y presión presupuestaria. Aun así, el comercio de crudo bajo la GL 46 probablemente seguirá, con más riesgo reputacional y más cautela en las inversiones que dependen de la GL 49.
Si su mayoría se limita a la Cámara de Representantes, el efecto será parecido pero más débil: tendrán citaciones y audiencias, pero no podrán forzar votaciones en el Senado.
En ambos casos, los mayores riesgos para la apertura están fuera del Congreso: un cambio de postura de Trump hacia Caracas, un escándalo concreto que surja de las investigaciones o una decisión inesperada del tribunal.
Para saber si esta hipótesis se sostiene, conviene seguir qué comités investigan (Supervisión, Relaciones Exteriores y Servicios Financieros) y qué documentos obtienen. También hay que vigilar si aparecen irregularidades vinculadas a donantes o a contratos de la GL 49.
Igual de importante es si OFAC mantiene, amplía o condiciona las licencias, sobre todo antes del 3 de enero, y si las empresas ejecutan inversiones o prefieren limitar su exposición. En el frente judicial, la clave será cómo resuelva la jueza Torres la moción de desestimación y el argumento de inmunidad.
El calendario inmediato es apretado. El 9 de noviembre vence el plazo de la defensa de Maduro para pedir la desestimación de cargos. La fiscalía debe responder antes del 30 de noviembre y la defensa replicar antes del 14 de diciembre. El 17 de diciembre está fijada la audiencia sobre inmunidad ante la jueza Torres.
Mientras tanto, el Congreso saliente seguirá en funciones hasta el 3 de enero de 2027, cuando se instale la nueva legislatura y se repartan los comités. En esa ventana, la Casa Blanca puede modificar licencias sin enfrentar una mayoría opositora. El juicio con jurado está previsto para junio de 2027, algunos reportes sitúan su inicio el 14 de junio.
Conclusión
El nuevo Congreso no pone fin a la apertura petrolera hacia Venezuela, pero tampoco se limita a un problema de relaciones públicas para Trump. Puede investigar, exponer y encarecer, no puede revocar por sí solo lo que el Ejecutivo concedió.
La conclusión más realista no es que «Big Oil garantizará el pacto». Los intereses petroleros harán más costosa una ruptura, y el control demócrata hará más costosa una continuidad sin explicaciones. El desenlace dependerá sobre todo de tres actores fuera del Capitolio: Trump, que puede revocar licencias tan rápido como las concedió, la jueza Torres en el caso Maduro y las empresas que decidan si invierten o esperan.
Sabías que puedes leer este artículo y otros en Telegram
Sé el primero en comentar en «Impacto del nuevo congreso sobre la política de Trump hacia Venezuela y el caso Maduro»