Primero la luz de los venezolanos, después los servidores

Pedro Luis Martín Olivares – La advertencia del condado Loudoun: Venezuela tiene una oportunidad tecnológica, pero solo si antes resuelve su propia demanda eléctrica con holgura.

El condado más rico de Estados Unidos acumula 233 centros de datos, un ingreso medio de 180.000 dólares por persona y una factura social que sus vecinos no eligieron: ruido permanente, humos de generadores diésel, problemas respiratorios y recibos de luz disparados. Venezuela, que aún no cubre con holgura su propia demanda eléctrica, mira ese espejo con una oportunidad en la mano y una condición previa ineludible, primero debe garantizar electricidad suficiente y estable para sus hogares, hospitales y fábricas, y solo después de esto puede evaluar si le vende grandes bloques de energía a la inteligencia artificial. Este artículo no propone instalar centros de datos mañana. Propone alertar con tiempo sobre la oportunidad, sus riesgos y las reglas que deberían existir antes de la primera palada.

Lo que ocurre en Loudoun, Virginia, no es un accidente lejano. Es un espejo. Allí, a cincuenta kilómetros de la Casa Blanca, se concentran 233 centros de datos construidos o en edificación. Juntos ocupan más de 45 millones de metros cuadrados, el 3% del territorio del condado, y consumen tanta electricidad como 2,2 millones de hogares. Su aportación fiscal representa el 40% del presupuesto local y han contribuido a convertir esa jurisdicción en la más rica de Estados Unidos, con un ingreso anual medio cercano a los 180.000 dólares por persona. Según las autoridades, el sector ha creado 17.000 puestos de trabajo y aportará 1.300 millones de dólares en impuestos en el año fiscal 2027.

Pero Greg Pirio, historiador especializado en África, resume el costo humano de ese milagro económico con una frase que debería resonar en cualquier ciudad venezolana: “Nadie nos avisó de lo que se nos venía encima”. Compró su casa hace catorce años atraído por los senderos, los árboles y los pájaros. Hace tres, un gran centro de datos se instaló a un centenar de metros de su puerta. Desde que empezó a funcionar, en febrero de 2025, un zumbido constante y humos que le provocan a él y a sus vecinos dolores de cabeza, conjuntivitis y problemas respiratorios sustituyeron los trinos. En su calle, una familia con cuatro hijos desarrolló problemas respiratorios, a uno de ellos hubo que hospitalizarlo. “Lo han reducido justo al nivel que ordenan los reglamentos, pero no a un nivel en el que no perjudique la salud”, denuncia. “Hace ruido las 24 horas del día, siete días por semana”.

A pocos kilómetros, Vicky Hu, agente inmobiliaria, recibió en junio lo que describe como “la llamada telefónica del infierno”: la compañía eléctrica planea una ampliación del tendido para dar servicio a un complejo de Amazon. Esa prolongación pasa por su jardín, el que cuida desde hace 26 años. Adiós a los árboles, hola a un poste de alto voltaje de 60 metros y un pasillo alrededor en medio del césped. “Voy a perder la mitad de mi terreno y el acceso al garaje”, se lamenta.

Loudoun no es un caso aislado. En Estados Unidos funcionan 1.333 centros de datos y otros 2.359 están en planificación o construcción, según la firma Cleanview. Un estudio del Annenberg Policy Center de la Universidad de Pensilvania encontró que el 61% de los consultados se oponía en agosto a tenerlos en sus vecindarios, un salto de 12 puntos porcentuales respecto de un sondeo previo. Una veintena de estados, gobernados por demócratas y republicanos, ha aprobado medidas para pausar o prohibir su construcción, otros siete las tienen en trámite. En Virginia, el 40% de la electricidad consumida en 2024 correspondió a estas instalaciones, según un análisis de Bloomberg, y tres cuartas partes de los votantes culpan a esos complejos de las subidas generalizadas en la factura de la luz.

Ese es el espejo. Venezuela no está obligada a mirarlo y repetir la escena. Pero para no repetirla necesita entender por qué ocurrió: porque el progreso llegó sin secuencia, sin transparencia y sin reglas previas.

El punto de partida venezolano: una recuperación real, pero todavía sin holgura

La discusión sobre centros de datos en Venezuela suele empezar por el entusiasmo y no por la aritmética. La aritmética dice lo siguiente, según las cifras oficiales y las estimaciones técnicas disponibles.

Venezuela tiene una capacidad instalada nominal cercana a los 36 gigavatios, pero su capacidad operativa real apenas cubre entre 12.000 y 14.000 megavatios. Menos del 40% del parque instalado permanece operativo debido al deterioro de equipos y a las restricciones en el suministro de combustible. Un informe técnico detalla que, de una capacidad nominal de 34.000 megavatios, la generación real estable es de solo 12.415 megavatios, con 21.585 megavatios fuera de servicio, lo que representa el 63% del parque nacional.

Al mismo tiempo, hay señales de recuperación que no deben desestimarse. El Ministerio de Energía Eléctrica reportó la incorporación de unos 4.900 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional durante 2025. Ese mismo año, la producción de energía eléctrica creció un 40% en comparación con 2024, según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En junio de 2026, la Asamblea Nacional aprobó inicialmente una reforma que permite la participación de inversión privada en el sector eléctrico, y el Gobierno firmó un memorando con GE Vernova para incorporar al menos un gigavatio de capacidad en 24 meses, con una meta de recuperar más de cinco gigavatios en cuatro años.

Esos datos son alentadores. Pero también son, precisamente, la razón por la que cualquier proyecto de gran consumo adicional debe esperar. Un sistema eléctrico no se mide solo por cuántos megavatios genera, sino por la holgura con la que cubre su demanda máxima. Esa holgura se llama margen de reserva, y en la práctica internacional se considera saludable cuando ronda el 15% o 20% por encima del pico de demanda. Si la capacidad operativa apenas alcanza para cubrir el consumo actual racionado, o si el pico de demanda no está auditado públicamente, no existe margen para agregar cargas nuevas de cientos de megavatios sin poner en riesgo el servicio de los hogares, los hospitales y las industrias que ya están conectados con deficiencias que derivan en apagones.

Y aquí hay un vacío que el país debería cerrar antes de cualquier negociación: no existe una auditoría pública e independiente de la capacidad operativa real, del pico de demanda y del margen de reserva. Sin ese dato, cualquier promesa de “electricidad de sobra” para centros de datos es una especulación. La primera recomendación de este artículo no tiene que ver con la tecnología, sino con la contabilidad: publicar esa auditoría. Es el documento que debería estar sobre la mesa antes de que un desarrollador compre un terreno.

Por qué un centro de datos no es un cliente cualquiera

Un centro de datos de inteligencia artificial no se comporta como una fábrica o un centro comercial. Opera las 24 horas, los siete días, con una carga constante y una intolerancia absoluta a la interrupción. Un centro mediano requiere entre 5 y 10 megavatios de potencia, un campus de hiperescala supera los 100 megavatios. Algunos proyectos de Amazon consumen 2,2 gigavatios, el equivalente a un millón de hogares. En el norte de Virginia, la compañía Dominion ha recibido solicitudes para suministrar más de 40 gigavatios, suficientes para más de diez millones de hogares y el doble de la capacidad de red que la empresa tenía en 2024 en esa zona.

Eso significa dos cosas. Primero, que si un centro de datos se conecta a la red escasa de un país, compite directamente con los usuarios residenciales e industriales, y la experiencia de Virginia demuestra que la factura termina subiendo para todos. Segundo, que si se autoabastece, como debe ser en el caso venezolano, necesita su propia planta, su propio combustible, su propia agua y su propio tratamiento de residuos, y eso traslada el problema ambiental al terreno vecino.

La fórmula que se discute en el mercado internacional combina una planta termoeléctrica de tamaño medio alimentada con gas, una instalación solar complementaria, sistemas de almacenamiento y una planta de tratamiento de aguas residuales. Es una arquitectura sensata para un país con gas y con irradiación solar. Pero no es inocua: genera emisiones, consume agua, produce ruido y exige una logística de combustible permanente. La diferencia entre Loudoun y una experiencia venezolana bien diseñada no está en la tecnología, sino en dónde se instala, cómo se regula y quién paga las externalidades.

La oportunidad: gas, agua, terreno y una juventud que puede formarse

Venezuela tiene activos reales para atraer este tipo de inversión, siempre que se negocie con realismo. Tiene gas natural, agua, extensas zonas industriales subutilizadas, acceso marítimo y aéreo, y una posición geográfica que permite baja latencia hacia Estados Unidos y el Caribe. Tiene, sobre todo, una población joven con vocación técnica y un sistema universitario que forma ingenieros, electricistas y especialistas en refrigeración, precisamente los perfiles que la operación de un centro de datos requiere.

El potencial fiscal tampoco es despreciable. Loudoun destina el 40% de su presupuesto a los ingresos que generan estas instalaciones. En un país donde los municipios sobreviven con transferencias magras y recaudación precaria, un canon proporcional a la capacidad instalada y al consumo de agua y energía podría financiar escuelas, ambulatorios y vialidad. Pero ese canon debe ser público, auditable y conocido por los vecinos antes de la primera palada, no después.

El empleo, sin embargo, exige una advertencia. La narrativa de que los centros de datos crean miles de puestos de trabajo es, en el mejor de los casos, imprecisa. Un estudio del Grupo de Estudios del Sector Eléctrico de la Universidad Federal de Río de Janeiro estimó que una estructura de hiperescala emplea entre 30 y 50 personas de forma directa. Microsoft prometió entre 70 y 100 empleos directos en México y dos años después tenía 17 trabajadores. Meta prometió 30.000 puestos en Suecia y una investigación independiente encontró 56. La mayor parte de la operación es automatizada y remota.

Eso no significa descartar el sector. Significa negociar con realismo y ampliar el concepto de empleo. Los puestos que sí se crean son técnicos y especializados: operadores de infraestructura crítica, responsables de sistemas eléctricos y climatización, operadores de conectividad física, técnicos en ciberseguridad y eficiencia energética. A ellos se suman los empleos indirectos de construcción, mantenimiento, logística y servicios. Chile ya avanzó en la definición formal de estos perfiles, con el respaldo del Ministerio de Ciencia y el organismo de certificación de competencias. Venezuela puede hacer lo mismo si exige a los inversionistas programas de capacitación vinculantes, metas verificables de contratación local y transferencia de conocimiento, no promesas vagas.

Los riesgos que Loudoun enseña y que Venezuela puede evitar

El primer riesgo es el ruido. En Loudoun, la empresa propietaria del centro que afecta a Pirio puso en marcha un plan de 15 millones de dólares para mitigarlo, pero los vecinos denuncian que los efectos persisten. La lección no es que el ruido sea inevitable, sino que los límites deben medirse en la línea de propiedad y con estándares de salud, no solo de cumplimiento reglamentario.

El segundo es el aire. Cuando hay cortes de suministro, los centros activan generadores diésel. Pirio lo detecta de inmediato: “Empiezo a sentirlo en los pulmones, en la garganta”. Un país que instale estos complejos debe exigir respaldo con gas o almacenamiento, no diésel, y monitoreo público de calidad del aire.

El tercero es el agua. Los complejos consumen vastas cantidades para refrigeración. En un país con estrés hídrico en varias regiones, ese consumo debe tener tope, medición y tratamiento obligatorio de aguas residuales.

El cuarto es la factura eléctrica. En Virginia, el 40% de la electricidad de 2024 fue para centros de datos y tres cuartas partes de los votantes los culpan de las subidas. La solución no es prohibirlos, sino impedir que compitan por la red escasa: contratos interrumpibles, generación detrás del medidor y pago de las ampliaciones de red que ellos mismos exijan.

El quinto es la transparencia. En Loudoun, los dueños obligaron a contratistas y a empleados municipales a firmar acuerdos de confidencialidad que impidieron a los residentes saber qué se construía. “Nos dijeron que iban a construir este edificio más pequeño, luego doblaron el tamaño. Nunca le dijeron a nadie que iban a incluir una planta eléctrica”, dice Pirio. Esa opacidad es la que alimenta la reacción política: una veintena de estados ya aprobó pausas o prohibiciones.

El sexto es la vivienda. Para muchos residentes de Loudoun, la casa es su mayor fuente de capital. La llegada de un poste de 60 metros o de un complejo industrial puede destruir ese valor sin compensación. Cualquier marco venezolano debe incluir evaluación de impacto sobre el valor inmobiliario y mecanismos de compensación claros.

Las condiciones que Venezuela debería exigir antes de la primera palada

Si el país decide abrir la puerta a esta inversión, debería hacerlo con un marco que se anticipe a los problemas, no que los lamente después. Las condiciones mínimas, a modo de propuesta, son las siguientes.

Primero, la secuencia. Ningún centro de datos se puede conectar a la red nacional mientras el margen de reserva no sea cómodo y esté auditado públicamente. La prioridad es satisfacer la demanda existente con holgura, solo el excedente verificado, o la generación propia, puede destinarse a grandes consumos adicionales.

Segundo, la autosuficiencia. Generación propia obligatoria para el consumo base, con gas y solar, almacenamiento y respaldo sin diésel en zonas residenciales. Si un proyecto quiere respaldo de la red, debe firmar un contrato interrumpible y pagar las ampliaciones que genere.

Tercero, la zonificación. Instalación exclusiva en zonas industriales, con distancias mínimas de las áreas residenciales y estudios de impacto ambiental y sonoro vinculantes. Como decía el residente Bill Wiert en la junta de Loudoun: “No estamos contra los centros de datos en sí. Pero no los queremos cerca de zonas residenciales. Hay muchísimos terrenos que podrían ser más adecuados”.

Cuarto, la transparencia. Prohibición de acuerdos de confidencialidad con gobiernos municipales y con contratistas que impidan conocer el tamaño, el consumo y las emisiones del proyecto. Consulta comunitaria previa y auditorías públicas periódicas de agua, energía, ruido y aire.

Quinto, el canon fiscal. Un pago proporcional a la capacidad instalada y al consumo, visible, auditable y destinado a infraestructura local. No exenciones indiscriminadas, sino un retorno verificable desde el primer día.

Sexto, el empleo. Cuotas verificables de contratación local, alianzas con institutos técnicos y universidades, certificación de perfiles y transferencia de conocimiento. Sin promesas infladas que después se conviertan en frustración.

Séptimo, la seguridad jurídica. Reglas claras y previas, para que el dilema de Loudoun, donde la junta de supervisores rechazó las restricciones por temor a una demanda de 60 millones de dólares, no se repita. La regulación debe aprobarse antes de los permisos, no después de los conflictos.

Conclusión: la pregunta es de secuencia, no de tecnología

Venezuela no necesita replicar Loudoun. Necesita aprender de su error. Y el error central de Loudoun no fue haber atraído centros de datos, sino haber permitido que llegaran sin secuencia, sin transparencia y sin reglas previas.

La oportunidad existe. El gas, el agua, el terreno, la posición geográfica y la juventud técnica están allí. Pero la condición previa también: primero la luz de los venezolanos, con holgura y con auditoría, después los servidores. Si el país invierte el orden, importará el zumbido, los humos y las facturas disparadas antes de haber resuelto lo básico. Si respeta el orden, puede capturar una porción del mercado latinoamericano de infraestructura digital y convertir la electricidad recuperada en una palanca de negociación, no en un nuevo motivo de conflicto social.

Este artículo no propone instalar centros de datos mañana. Propone algo más modesto y más urgente: alertar con tiempo. La pregunta no es si Venezuela quiere centros de datos. La pregunta es si está dispuesta a exigir que, esta vez, alguien avise a los vecinos antes de que el zumbido empiece.

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Pedro Luis Martín Olivares