Pedro Luis Martín Olivares – Hay discursos que se escriben para el aplauso de la sala y otros que se escriben para ser leídos, con lupa, en tres capitales a la vez. El que Delcy Rodríguez pronunció el 23 de septiembre ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas pertenece a la segunda categoría.
Fue el primer discurso de un jefe de Estado venezolano en ese podio desde 2018, y llegó apenas un día después de su reunión a puerta cerrada con Donald Trump en el hotel Lotte New York Palace, la primera entre un gobernante venezolano y un presidente estadounidense en más de una década.
Leída en su contexto, el texto es una pieza de ingeniería política notable. En menos de veinte minutos, la presidenta encargada logró tres cosas que parecían incompatibles: agradecer a Washington sin sonar sometida, prometer elecciones sin entregar el calendario a sus adversarios, y reafirmar la reclamación sobre la Guayana Esequiba sin romper el delicado equilibrio con la Casa Blanca. Es, en suma, el discurso de una dirigente que ha entendido las nuevas reglas del tablero y que aspira a dejar de ser una figura de transición para convertirse en la arquitecta de la transición.
Este análisis examina el contexto que lo hizo posible, la arquitectura interna del mensaje, su lectura en Caracas y en Washington y, con especial detenimiento, el factor que puede convertirse en la gran carta estratégica de Rodríguez: el Esequibo y el petróleo que lo rodea.
Nueve meses que cambiaron Venezuela
Para medir el peso del discurso hay que recordar de dónde viene. El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses extrajeron a Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladaron a Estados Unidos para ser juzgado por cargos de narcoterrorismo. Dos días después, Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, juró como presidenta encargada: la primera mujer en ejercer el poder ejecutivo en la historia del país.
Lo que siguió fue una secuencia vertiginosa. En marzo, Caracas y Washington acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares, y Trump anunció en la cumbre del Escudo de las Américas el reconocimiento formal de su gobierno. Marco Rubio había trazado desde enero una hoja de ruta en tres fases, estabilización, recuperación económica y transición política, que desde entonces funciona como el marco de referencia de todo lo que ocurre en Venezuela. Según el propio secretario de Estado, el país se encuentra hoy en la segunda fase, la tercera, la electoral, sigue sin fecha.
En el plano económico, una de las primeras decisiones del gobierno encargado fue reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, derogando el modelo estatista de 2006 y permitiendo que empresas privadas operen yacimientos sin la obligación de asociarse en minoría con PDVSA. Esa reforma preparó el terreno para el anuncio del 28 de agosto, cuando Trump presentó lo que llamó el mayor acuerdo petrolero de la historia: control mayoritario estadounidense sobre unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas, cerca de una quinta parte del total venezolano, 17 campos estratégicos y un horizonte de 25 años, con la meta inicial de superar 1,5 millones de barriles diarios. El 2 de septiembre, el secretario de Energía, Chris Wright, firmó en Miraflores los convenios de inversión. La producción ya había alcanzado en agosto 1,23 millones de barriles diarios, su mejor nivel desde 2019.
Y en medio de todo, la tragedia. El 24 de junio, dos sismos de magnitud 7,1 y 7,5 golpearon el país y dejaron, según cifras oficiales, 5.609 fallecidos. El terremoto reordenó prioridades, activó la cooperación internacional y le dio al gobierno encargado una narrativa de reconstrucción que el discurso de Nueva York explotó con acierto.
El mapa político completa el cuadro. La oposición que encabeza María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, no ha sido reconocida por Washington como interlocutor de poder real, y la propia Machado no ha podido regresar al país: su equipo denunció un nuevo intento frustrado en los mismos días de la Asamblea. El diálogo político que Rodríguez invoca se desarrolla desde agosto con figuras de la Asamblea Nacional de 2015 y con sectores opositores que operan dentro del país, los llamados «alacranes» por el machadismo, a quienes sus críticos acusan de entenderse, directa o indirectamente, con el poder.
Arquitectura del discurso: siete líneas y un giro
La primera virtud del texto es su estructura. Rodríguez no abrió hablando de Venezuela, sino del mundo. Recordó que ha ocupado ese mismo estrado como canciller, como vicepresidenta y ahora como presidenta encargada, y se presentó así como una figura de continuidad institucional y experiencia diplomática, no como una improvisada del destino.
Luego desplegó siete “líneas” de política exterior que, leídas con atención, están cuidadosamente calibradas. Algunas conservan el vocabulario tradicional de la diplomacia venezolana: la paz como única salida humana, la crítica a las sanciones como freno al desarrollo, los derechos de la naturaleza, la solidaridad con el Sur Global. Otras marcan un giro nítido. La defensa del “trilema energético”, seguridad de suministro, precios asequibles y sostenibilidad, y el rechazo a los cronogramas de descarbonización forzados son, en la práctica, una sintonía casi literal con la agenda energética de la Casa Blanca. Y la crítica al comercio global que “premia la deslocalización” y castiga la industria nacional podría haber salido de un mitin republicano en Ohio.
Ese es el giro: Rodríguez ha encontrado el punto exacto donde el discurso soberanista del chavismo y el nacionalismo económico de Trump se tocan. No abandonó su léxico, lo reorientó estratégicamente. La mención al acuerdo binacional con Estados Unidos como “uno de los más grandes jamás suscrito” cierra el círculo: Venezuela ya no se presenta como víctima del sistema energético internacional, sino como pieza de su estabilidad.
La segunda virtud es el tono. Donde el viejo repertorio habría hablado de agresión imperial, la presidenta encargada habló de una “crisis de convivencia política” y de “intereses ajenos al bien común”. Donde se habría esperado victimismo, eligió la palabra “renace”, repetida como un estribillo, y la ancló en dos pruebas, la política y la sísmica, que cualquier auditorio puede comprender. La cita de César Vallejo sobre los golpes de la vida y el cierre con Bolívar convocando a la Convención Nacional de 1826 enmarcan todo el mensaje en una épica de reconstrucción, no de confrontación.
Conviene subrayar un detalle de oficio: el agradecimiento explícito a Donald Trump llegó un día después de que el propio Trump, desde ese mismo podio, llamara a Maduro “dictador y criminal” y reivindicara el petróleo venezolano como botín. Rodríguez escuchó desde la sala, no respondió y al día siguiente agradeció. Esa contención, que sus detractores leerán como sumisión, es en términos diplomáticos una demostración de disciplina estratégica poco común.
La apuesta interna: cambiar desde adentro
El corazón político del discurso está en una frase: “la legalidad puede ser el camino hacia una legalidad mejor”. Es una idea con pedigrí. Remite, sin nombrarla, a la transición española, donde las propias instituciones del franquismo se reformaron a sí mismas hasta producir una democracia. Rodríguez fue cuidadosa al aclarar que no se trata de reproducir una historia ajena, sino de extraer un aprendizaje universal. Pero el mensaje es transparente: la transición venezolana no pasará por la ruptura, sino por la conducción institucional desde el poder existente.
Para el chavismo, este planteamiento cumple una función vital. Le ofrece a su base, a sus cuadros y sobre todo a la Fuerza Armada una garantía de que el cambio no será un ajuste de cuentas. A la vez, le permite a Rodríguez situarse como la única figura capaz de administrar ese cambio sin que el Estado colapse, que es exactamente el argumento de estabilización que Rubio ha defendido desde enero.
Los pilares anunciados apuntan en la misma dirección. El primero, una reforma jurídica que brinde seguridad a inversionistas y ciudadanos conecta directamente con la necesidad de dar blindaje legal al acuerdo petrolero. El segundo, el ejercicio pleno de la política, contiene la frase más citada de la jornada: “en Venezuela habrá elecciones”. Aquí el texto es especialmente hábil. Rodríguez no dio fecha, pero sí fijó un criterio: la democracia se mide por la calidad de la competencia previa, no por la mera existencia de comicios. Con ello traslada el debate del “cuándo” al “cómo”, un terreno donde el gobierno conserva la iniciativa.
La referencia a que el pueblo “determinará el momento correcto” y a que el país no debe estar sometido a restricciones económicas vincula implícitamente el calendario electoral al levantamiento pleno de sanciones. Es una forma elegante de decir que la tercera fase del plan de Rubio llegará cuando la segunda haya dado frutos.
Frente a la oposición, el discurso trazó una línea precisa. Invitó al diálogo a “sectores de la oposición”, no a toda, y calificó de “espectáculo” las “reacciones espasmódicas de adentro y de afuera”. Sin nombrar a María Corina Machado, dejó claro que el interlocutor legítimo será quien acepte negociar dentro del marco institucional. El llamado a una clase política que no esté “secuestrada por algoritmos mediáticos” apunta en la misma dirección: deslegitimar el liderazgo construido desde las redes y el exterior, y premiar al que opera sobre el terreno.
Finalmente, los mensajes a la diáspora y a las víctimas del terremoto cumplen una función de ensanchamiento. Invitar a los jóvenes emigrados a volver a un país “al que muchos quieran regresar” es disputarle a Machado su principal base emocional: los millones de venezolanos en el exterior.
El mensaje a la Casa Blanca
Si el discurso tuvo un destinatario principal, fue la Casa Blanca. Y el mensaje fue triple.
Primero, confiabilidad. Rodríguez se presentó como la socia que cumple: estabilizó el país, reformó la ley de hidrocarburos, firmó el acuerdo energético, empujó la producción a máximos de seis años y mantuvo el orden tras un terremoto devastador. Para una administración que necesita mostrar resultados de la operación del 3 de enero, eso vale oro. Trump ha convertido Venezuela en ejemplo de su doctrina hemisférica, Rodríguez le ofrece la pieza que le faltaba: un gobierno local que hace funcionar el esquema sin costo para el contribuyente estadounidense.
Segundo, agenda compartida. El discurso nombró expresamente los ejes de la relación: energía, seguridad, lucha contra el crimen transnacional y cooperación económica. Rubio confirmó que en la reunión del Lotte Palace se abordaron la reestructuración de la deuda soberana, la estabilización económica y la transición hacia elecciones. Es decir, la presidenta encargada habló en Nueva York el mismo idioma que el Departamento de Estado, lo que reduce el espacio para que otros actores, incluida la oposición de Machado, se presenten como intermediarios necesarios.
Tercero, un límite amable. La insistencia en la autodeterminación, en la “Venezuela que quiere respirar libre” y en una relación “sin intromisiones ni prejuzgamientos” no contradice la alianza, la delimita. Rodríguez le dice a Washington que su cooperación es una elección soberana y no una capitulación. Ese matiz es imprescindible para su supervivencia política interna y, paradójicamente, también le sirve a Trump: un socio que conserva legitimidad nacionalista es más útil que un títere desacreditado.
En la Casa Blanca, el discurso difícilmente pudo ser mejor recibido. Confirma la tesis de Rubio de que la transición gradual funciona, blinda el acuerdo petrolero frente a críticas de improvisación y ofrece una fecha implícita para la tercera fase que no presiona los tiempos de Washington. El reto para la administración será sostener esa narrativa frente a un Congreso donde los demócratas reclaman desde enero un plan más detallado y frente a una oposición venezolana que exige cronograma electoral.
El Esequibo: petróleo, Stabroek y la nueva ecuación de Washington
El punto siete del discurso fue breve, pero puede ser el más consecuente a largo plazo. Rodríguez reafirmó los derechos históricos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y llamó a Guyana a volver a la negociación que ordena el Acuerdo de Ginebra de 1966, con una frase cargada de intención: los acuerdos más duraderos nacen de negociaciones bilaterales “por encima de organismos externos”.
El contexto jurídico es conocido. Desde 2018 el caso está en la Corte Internacional de Justicia, que celebró en mayo las audiencias finales, con Rodríguez presente en La Haya, y cuya sentencia se espera entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Venezuela no reconoce la jurisdicción del tribunal y su cancillería lo reiteró el 25 de septiembre, en respuesta al presidente guyanés Irfaan Ali, quien desde el mismo podio exigió a Caracas acatar el fallo. Guyana, por su parte, defiende el Laudo de París de 1899 y describe el caso como existencial: el territorio en disputa, unos 160.000 kilómetros cuadrados, equivale a cerca de dos tercios de su superficie.
Pero el verdadero motor de la controversia es energético. En 2015, ExxonMobil descubrió frente a la costa guyanesa el bloque Stabroek, con reservas estimadas en unos 11.000 millones de barriles y operado por un consorcio que integran Exxon, Chevron, que llegó tras adquirir Hess, y la china CNOOC. Guyana produce ya alrededor de 900.000 barriles diarios y se ha convertido en el petroestado emergente del Caribe. Parte de esa riqueza se proyecta sobre aguas que Venezuela considera suyas, porque la fachada atlántica del Esequibo determina la delimitación marítima.
Durante una década, esa realidad jugó en contra de Caracas. Mientras Venezuela estaba sancionada y aislada, Stabroek convirtió la defensa de Guyana en un asunto de interés estratégico estadounidense: amenazar a Georgetown era amenazar a Exxon, y amenazar a Exxon era desafiar a Washington. La propia Rodríguez llegó a acusar a la petrolera, en tiempos de Maduro, de financiar una agresión contra Venezuela.
El acuerdo del 28 de agosto altera esa ecuación de manera profunda. Por primera vez, Estados Unidos tiene intereses petroleros esenciales a ambos lados de la frontera en disputa, y los del lado venezolano, 65.000 millones de barriles bajo control mayoritario estadounidense, son varias veces mayores que los de Stabroek. Chevron, además, está en los dos lados. Washington deja de ser el protector unilateral de Guyana para convertirse en el garante de una región entera cuya estabilidad le importa por igual. Eso no significa que vaya a respaldar la reclamación venezolana, significa que ya no tiene incentivos para bloquear una solución negociada, y quizás los tenga para promoverla.
Si Venezuela recupera el Esequibo: impacto interno, externo y en la Casa Blanca
Hablar de “recuperación” exige precisión. Una restitución total del territorio por la vía militar o por un fallo de La Haya es hoy improbable: la Corte decidirá sobre la validez del laudo, Venezuela no la reconoce y Washington no toleraría una aventura armada en una zona donde operan sus petroleras. El escenario verosímil, y el que el discurso sugiere, es otro: una solución negociada bajo el Acuerdo de Ginebra, con reconocimiento de derechos venezolanos, delimitación marítima equitativa y esquemas de explotación conjunta. Sobre esa base se analizan los impactos.
En lo interno: el gran capital de legitimidad
El Esequibo es una de las pocas causas que unen a todos los venezolanos, del chavismo más duro a la oposición más radical. Está en los mapas escolares, en el broche que Rodríguez lució en su solapa y que irritó a Irfaan Ali, y en el referéndum consultivo de 2023. Un avance real en esa causa le daría a la presidenta encargada algo que ningún acuerdo petrolero puede darle: legitimidad nacional transversal.
Las consecuencias serían de primer orden. Neutralizaría la acusación de entreguismo que pesa sobre el acuerdo con Estados Unidos, porque podría presentarse como el precio que pagó Washington por la cooperación venezolana. Cohesionaría a la Fuerza Armada en torno a una conquista de soberanía obtenida sin disparar un tiro. Y le daría a Rodríguez una ventaja electoral difícil de igualar para cualquier aspirante opositor, incluida Machado, cuya narrativa descansa sobre el rechazo a la continuidad chavista, no sobre la defensa territorial. Quien recupere el Esequibo tendrá un lugar en la historia patria que ninguna campaña puede disputarle.
En la Casa Blanca: el árbitro con acciones en ambos lados
Para Washington, el cálculo es fundamentalmente energético. La Casa Blanca necesita estabilidad en la fachada atlántica sudamericana, donde convergen Stabroek, los nuevos campos venezolanos y los hallazgos de Surinam. Un conflicto abierto amenazaría ambas inversiones, un acuerdo que ordene la frontera marítima, en cambio, liberaría áreas hoy bloqueadas por la disputa para nuevas licitaciones, en las que las empresas estadounidenses partirían con ventaja.
Trump, además, tiene un estilo que favorece este tipo de desenlaces: acuerdos entre líderes, con él como mediador visible, y beneficios cuantificables en barriles. No es descabellado imaginar un “acuerdo del Esequibo” presentado como otra gran transacción de la era Trump, con Exxon, Chevron y las nuevas operadoras del esquema venezolano como beneficiarias de una zona de explotación compartida.
Los riesgos existen. Exxon, que históricamente desconfía de Caracas, presionaría para proteger sus concesiones actuales; Guyana movilizaría a sus aliados en el Congreso norteamericano y cualquier percepción de que Washington “regala” territorio de un aliado democrático a un gobierno sin elecciones sería explotada por la oposición demócrata. Pero la lógica estructural ha cambiado: por primera vez en una década, a la Casa Blanca le conviene más una Venezuela satisfecha que una Venezuela resentida en su frontera oriental. Esa es la oportunidad histórica que el breve párrafo del discurso deja entrever.
Conclusión: de encargada a arquitecta
El discurso del 23 de septiembre marca el momento en que Delcy Rodríguez dejó de hablar como heredera de una crisis y empezó a hablar como conductora de un proyecto. Supo leer el nuevo orden hemisférico, alinearse con él sin renunciar a su léxico soberanista y convertir la tragedia sísmica en relato de renacimiento. En la Casa Blanca encontró un socio que necesita su éxito, en la ONU, una tribuna que había sido vedada a Venezuela durante años.
Su gran reserva estratégica, sin embargo, no está en el petróleo que ya comprometió, sino en el que todavía se disputa. Si logra convertir la nueva convergencia de intereses energéticos con Washington en una salida negociada para el Esequibo, tendrá en sus manos la causa capaz de reconciliar al país consigo mismo y de darle a la transición una legitimidad que ninguna elección aislada podría otorgar. Si, en cambio, el calendario electoral se diluye y la exclusión opositora se prolonga, el renacer anunciado en Nueva York correrá el riesgo de quedarse en metáfora.
Bolívar pidió en 1826 que no fuera un poderoso, ni un partido, ni una facción quien decidiera la suerte de Venezuela, sino el pueblo. Rodríguez eligió esas palabras para cerrar. Serán también la vara con la que se medirá su gestión, una gestión alineada por todos los intereses nacionales e internacionales.
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