Pedro Luis Martín Olivares – Un proyecto de Ley destinado a proteger los derechos de los propietarios de criptomonedas, al tiempo que regula su uso para los pagos, fue presentado ante el parlamento de Rusia. El proyecto de ley define términos como “dinero digital” y “derechos digitales”. También permite que las autoridades sometan a las criptos a impuestos, derechos de herencia y reclamos de bancarrota.
La Ley enmienda el Código Civil de Rusia para crear una base para “relaciones legales en la economía digital”. El proyecto está copatrocinado por el Presidente de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, y el jefe del Comité Legislativo Parlamentario, Pavel Krasheninnikov. Su iniciativa legaliza de manera efectiva las transacciones financieras en el entorno digital.
El proyecto de ley №424632-7 se ha presentado una semana después del proyecto de Ley №419059-7, preparado por el Ministerio de Finanzas. En su última versión, la Ley “sobre activos financieros digitales” regula las ofertas de monedas iniciales y la criptoextracción, pero prohíbe las criptomonedas de acuerdo con sus críticas.
El destino de las criptos, como el Bitcoin, será decidido por el Banco Central de Rusia, que se ha opuesto repetidamente a su circulación e intercambio en el país.
En la nueva Ley, las criptomonedas se conocen como “dinero digital”, informó Rossiyskay Gazeta. El borrador dice que su aceptación de pagos, depósitos, transferencias y como unidades de cuenta no será obligatoria en la Federación Rusa. Sin embargo, también establece el uso de criptomonedas como medio de pago cuando es técnicamente posible y se excluyen los riesgos.
“El dinero digital se usará como un instrumento de pago, pero solo en casos y términos establecidos por la Ley”, dijo Pavel Krasheninnikov. Se controlarán las cantidades y se recopilará la información de los usuarios. Los legisladores afirman que esto permitirá a las autoridades rastrear las criptomonedas en casos de quiebra y también aplicar los derechos de herencia.
Si se adopta, la nueva Ley de economía digital debe entrar en vigencia antes del 1 de mayo de 2018.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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