Pedro Luis Martín Olivares – La administración brasileña tiene un deber para este noveno mes del año: precisar el «modelo» instrumentado para la inminente privatización de Eletrobras.
Como se sabe, esta es la mayor empresa eléctrica del país y «joya» de un esperanzado plan de venta de activos públicos.
El ministro de Minas y Energía, Fernando Coelho Filho subrayó que antes de fin de mes será anunciado el modelo, el cual se soslaya por la venta de un importante paquete de acciones del Estado en la empresa, que controla actualmente en cerca de un 60%.
La anunciada privatización de la mayor empresa latinoamericana de producción y distribución de energía eléctrica, la brasileña Electrobras, debería ser tratada como una traición a los intereses nacionales, sostuvo hoy la ex presidenta Dilma Rousseff.
El proyecto impulsado por el gobierno golpista de Michel Temer ‘será un crimen contra la soberanía nacional, contra la seguridad energética del país y contra el pueblo brasileño, que tendrá una cuenta de luz más alta’, alertó.
La ex mandataria recordó que Electrobras garantiza el acceso a la energía eléctrica a un país de dimensiones continentales, con una población de más de 200 millones de habitantes y una economía diversificada, que está entre las más complejas del mundo.
El gobierno del presidente Michel Temer anunció su intención de privatizar la empresa para aumentar la recaudación y evitar otro colapso en las metas del déficit fiscal, se informó oficialmente.
El anuncio disparó las acciones de la compañía un 33% en la bolsa de San Pablo. Temer espera recaudar unos 20 mil millones de reales (6.300 millones de dólares) con la apertura de capital de Eletrobras.
El viceministro de Minas y Energía, Paulo Pedrosa dijo que «es una operación que debe ocurrir a inicios de 2018”.
El modelo privatizador es similar al utilizado en la década del noventa para la venta de la constructora de aviones Embraer y la minera Vale.
Dicho porcentaje de acciones que sería brindado al capital privado aún no ha sido definido, no obstante, el funcionario resaltó que «la idea es que la participación del Estado sea diluida a menos de un 50 %».
Sin embargo, Coelho Filho aclaró que en principio “no se venderá» en forma directa «ninguna participación» del Estado en la empresa, pero esa alternativa sería valorada en caso de que la oferta de acciones no reduzca su participación «a menos del 50 %» del capital accionarial.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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