Pedro Luis Martín Olivares – Bélgica y Francia tienen hasta finales de este año para prescindir de la exención fiscal con el propósito de garantizar que, a partir del 1 de enero de 2018, todos los puertos estén sujetos a las mismas normas de imposición de las sociedades que las demás empresas.
La advertencia se las hizo recientemente la Comisión Europea, que les ha solicitado a ambos países «abolir las exenciones» fiscales que ofrece a las empresas que explotan sus puertos, y así alinear sus regímenes fiscales con las reglas de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.
La Comisión no se anda con cuentos e introdujo nuevas normas para ahorrar tiempo y problemas a los Estados miembros al invertir en puertos y aeropuertos, preservando al mismo tiempo la competencia.
Resalta que las decisiones respecto a Bélgica y Francia, como en el caso de los Países Bajos, ponen de manifiesto que las exenciones fiscales injustificadas para los puertos distorsionan la igualdad de condiciones y la competencia leal.
Y es que en Bélgica, una serie de puertos marítimos y fluvial -en particular los puertos de Amberes, Brujas, Bruselas, Charleroi, Gante, Lieja, Namur y Ostende, así como a lo largo de los canales de la provincia de Hainaut y Flandes- disfrutan un régimen general del impuesto sobre la renta de las sociedades.
Tales puertos están sujetos a un régimen fiscal diferente, con una base imponible y unos tipos impositivos diferentes, lo que da lugar a un nivel globalmente inferior de imposición para los puertos belgas, en comparación con otras empresas de Bélgica.
Revelan que las exenciones del impuesto de sociedades concedidas a los puertos belgas y franceses les otorgan una ventaja selectiva, infringiendo las normas de la UE en materia de ayudas estatales.
En particular, las exenciones fiscales no persiguen un objetivo claro de interés público, como la promoción de la movilidad o el transporte multimodal. Los ahorros fiscales generados pueden ser utilizados por los operadores portuarios para financiar cualquier tipo de actividad o subvencionar los precios cobrados por los puertos a los clientes, en detrimento de los competidores y de la competencia leal.
Las dos decisiones de la Comisión precisan que si los operadores portuarios generan beneficios de las actividades económicas, estos deberían someterse a imposición con arreglo a las leyes fiscales nacionales normales para evitar distorsiones de la competencia.
Ahora, Bruselas ampara a los operadores portuarios quienes deben ser gravados de acuerdo a las leyes nacionales habituales sobre impuesto de sociedades para «evitar distorsiones» en la competencia.
El Ejecutivo comunitario solicitó mayor información a los Estados miembros para evaluar el funcionamiento y sistemas impositivos de sus puertos, y así «asegurar condiciones de competencia leal» en el sector portuario.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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