Pedro Luis Martín Olivares – Las acciones judiciales contra el presidente ejecutivo de Banesco y otros 10 altos representantes de la entidad, no desestabilizan al sistema bancario, sostuvo la firma Aristimuño Herrera y Asociados al analizar las acusaciones del gobierno venezolano en contra del primer banco privado del país.
Según las autoridades, las cuentas congeladas en todos los bancos (la mayoría de Banesco), movilizaron fondos por Bs 20 billones durante un año. La firma –que elabora un informe mensual sobre el sistema financiero venezolano- precisó que dicho monto es “equivalente a 4% del total de las captaciones de toda la banca, que al cierre del primer trimestre de 2018 se ubicaron en Bs 488 billones”.
El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Banesco de permitir, por omisión, operaciones ilegales a través de cuentas relacionadas con transacciones de compra y venta de divisas y de billetes venezolanos, especialmente desde Colombia y Panamá.
“La investigación de la Fiscalía no ha señalado el uso irregular de fondos de los ahorristas por parte de la directiva del banco, ni su desvío para usos distintos a los contemplados en la Ley”, destaca Aristimuño Herrera y Asociados.
Agrega que “la acción contra Banesco no compromete los fundamentos financieros ni del banco ni del sistema general, así como tampoco los del país, cuya crisis se debe a otros factores de tipo macroeconómico, microeconómico y administrativos”.
Apunta que la banca venezolana enfrenta duros retos en el contexto de depresión económica e hiperinflación por la que atraviesa el país, circunstancia que no es atribuible a su núcleo de negocio.
“Desde el 2016, la banca venezolana empezó a transitar un terreno mucho más empinado y complejo al que estaba acostumbrado en años previos, en los cuales los niveles de inflación no crecían a los ritmos que estamos observando actualmente”.
Resalta que esta realidad no es ajena a las autoridades financieras, las cuales han permitido una mayor capacidad temporal en la gestión crediticia de la banca a través de una mayor flexibilización en la forma de cálculo del indicador ponderado de capital, modificando el peso de las carteras reguladas, así como de parte de los créditos comerciales, además de aprobar revaluaciones de activos que han permitido un incremento en el patrimonio de la banca.
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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas
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