La crisis de la vivienda en gran Bretaña

Pedro Luis Martín Olivares - La crisis de la vivienda en gran Bretaña

Pedro Luis Martín Olivares – El alto costo de la vivienda restringe la economía. A los políticos británicos le está tocando lidiar con muchos problemas de escala. ¿Cómo gestionar la salida de la Unión Europea? ¿Cómo salvar a un servicio de salud que se desmorona ante una población que envejece y se debilita? ¿Cómo gerenciar las carencias regionales persistentes? Sin embargo, existe un flagelo nacional que frena la economía y daña la política, pero que es fácilmente, los políticos ingleses sólo necesitan actuar. Ese azote es el costo de la vivienda.

La proporción de los precios promedio de las viviendas comparado con los ingresos de la población en Inglaterra llegó a 7,7 en 2016, el nivel más alto registrado. En las últimas cuatro décadas los precios de las viviendas han crecido más en Gran Bretaña que en cualquier otro país del G7. El número de propietarios de viviendas ha estado cayendo durante más de una década, después de haber aumentado durante la mayor parte del siglo pasado. En Londres, la vivienda es una ambición: antes de que el voto de Brexit provocara la caída de la libra, era la ciudad más costosa del mundo para los inquilinos.

El costo de la vivienda tiene repercusiones en toda la economía. A medida que la gente se ve obligada a salir a los suburbios, las ciudades se vuelven menos dinámicas. Los trabajadores pierden el tiempo en largas colas de todo tipo. Las personas de las regiones no pueden darse el lujo de trasladarse a ciudades donde existen más fuentes de trabajo. Las empresas de desarrollo habitacional no pueden despejar terrenos para construir. Tal vez no sea una coincidencia que el creciente desorden inmobiliario en Gran Bretaña haya coincidido con una productividad estancada.

Todo esto ha fomentado un creciente sentimiento de inequidad. Los británicos mayores de 65 años, un quinto de la población, poseen más del 40% de la riqueza de la vivienda en poder de los propietarios-ocupantes. Los jóvenes con padres ricos pueden comprar su primera casa gracias al “Banco Mamá” o “Banco Papá”. Todos los demás deben resignarse a alquilar pequeñas propiedades para toda la vida, o a seguir pagando su hipoteca mucho después de su jubilación.

Lo que hace que el estrangulamiento de la vivienda en Gran Bretaña sea enloquecedor es que, a diferencia de muchos otros problemas, la solución es relativamente fácil: Gran Bretaña necesita construir. El consenso es que, para mantener los precios bajo control, debe construir unas 300.000 casas al año, el doble de lo alcanzado en 2015-16. La respuesta es una enorme expansión de la vivienda pública, como la de los gobiernos de Wilson y Callaghan en los años setenta. Esto sería costoso, especialmente si la vivienda se dejó a tasas por debajo del mercado.

Mejor sería liberar el mercado. Hace tiempo que se modificó la reglamentación sobre las tierras del cinturón verde que rodea a las ciudades y que está diseñada para bloquear la construcción. Lejos de ser este un retiro bucólico, gran parte de ese cinturón verde se cultiva intensamente. Según una estimación, la mayor parte de los terrenos de Surrey se dedican más a los campos de golf que a las casas. Dentro del Gran Londres, la tierra del cinturón verde, espera por la construcción de 1,6 millones de viviendas con densidades promedio.

El gobierno también debe recortar el impuesto de timbre, un impuesto de la tierra gravado sobre las transacciones de propiedad. A largo plazo, la carga ha aumentado, lo que es una de las razones por las que la tasa de transacciones ha disminuido. La supresión o reemplazo de los derechos de timbre ayudaría a que más familias jóvenes vivieran en hogares decentes.

Los adultos mayores podrían reducir el tamaño de sus viviendas a menor costo, liberando más de 25 millones de británicos que poseen habitaciones vacías.

Y Westminster tiene que acabar con los incentivos perversos que surgen de la tributación de los gobiernos locales, en particular el sistema anticuado del impuesto municipal, que se aplica a la vivienda. Los consejos no reciben gran parte de los ingresos fiscales locales adicionales de las nuevas viviendas, porque son absorbidos y redistribuidos por el gobierno central. Sin embargo, se les dificulta el costo de proveer servicios locales a los recién llegados. Eso debería cambiar.

Económicamente sencillo no es lo mismo que políticamente fácil. Aun así, Theresa May, la primera ministra, hasta ahora no ha demostrado ningún temple sobre la vivienda. Su gobierno ha propuesto nada más que ajustes a un sistema infuncional. Esta falta de liderazgo alimenta una crisis que es totalmente innecesaria.

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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas

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