Emmanuel Macron y la Privatización en Francia

Pedro Luis Martín Olivares - Emmanuel Macron y la Privatización en Francia

Pedro Luis Martín Olivares – Los empresarios italianos se han mostrado nerviosos por la “colonización” de las empresas francesas mediante adquisiciones de bienes de lujo, medios de comunicación y telecomunicaciones, entre ellas la fusión entre Luxottica, fabricante italiano de espectáculos y la francesa Essilor, anunciada en enero por un monto de 46.000 millones de euros. La sede del grupo estará en París.

La decisión de Emmanuel Macron ha sido aún más desalentadora para los que quieren que el Estado continúe con la privatización. Durante su presidencia, Macron prometió recaudar 10.000 millones de euros de las ventas de parte de la extensa cartera de participaciones estatales en empresas. El objetivo era pagar un nuevo fondo para ayudar a otras empresas a invertir en innovación. Su amenaza de nacionalizar el patio de Saint-Nazaire, en lugar de ceder el control a Fincantieri, es un paso retrógrado.

Se suponía que la dirección de la decisión era hacia la liquidación. Durante los últimos años, el Estado francés ha estado eliminando en silencio sus participaciones en varios aeropuertos regionales, entre ellos Lyon, Niza y Toulouse. Fue Macron, cuando era ministro de Economía en 2015-16, quien supervisó las ventas y presionó por la venta de Groupe ADP, una gran empresa propietaria de los principales aeropuertos de París, Charles de Gaulle y Orly.

Macron dejó el cargo antes de que pudiera terminar el trabajo y ADP sigue siendo el 50.6% de propiedad estatal. Pero bajo su equipo económico, dirigido por políticos de centro-derecha, su venta parece casi inevitable. Debería recaudar unos 7.000 millones de euros. La pregunta es qué viene después. El gobierno de Macron pronto, probablemente después del verano, anuncie su plan para ADP y diga cuáles otros activos del Estado se van a vender.

Hace un par de décadas, ya la mayoría de los países de Europa occidental habían vendido muchas de sus tenencias corporativas, mientras hoy Francia aún tiene una cartera enorme. Según un informe publicado en enero por la Cour des Comptes, un auditor público independiente, el Estado tiene inversiones en cerca de 1.800 empresas, participaciones que en conjunto suman casi 100.000 millones de euros. El sector estatal en Francia emplea a casi 800.000 personas en las empresas que posee, mientras que Estados Unidos emplea 600.000, sumado al hecho que el número de empresas en las que el Estado tiene una participación mayoritaria ha estado aumentando desde el año 2006.

Las participaciones públicas son gestionadas principalmente por la Agencia de Participaciones del Estado (APE), por Bpifrance, fondo de inversión pública y la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), un banco de inversión estatal. La Cour des Comptes considera que el trío está haciendo un trabajo pobre. Su informe es mordaz sobre gerencia pública de activos corporativos por décadas. Se lamenta la falta de propósito en la propiedad y los fallos crónicos de la supervisión.

El auditor también ve confusión entre las tres agencias, describe pérdidas financieras globales en los últimos años, mala gobernanza y concluye que “el estado tiene dificultades para ser un buen accionista”. Aún más perjudicial es el veredicto de un ex jefe de APE, David Azéma, que lo dirigió hasta 2014. Su experiencia le enseñó que las empresas de propiedad pública, pesadas, siempre pierden valor por no asumir una competencia más ágil. La intromisión política hace mucho daño, por ejemplo, ministros designando los ejecutivos para cumplir con compromisos políticos, en lugar de juntas directivas en base a criterios de capacidad, con el agravante que no pueden ser despedidos por mal que lo hagan.

Los políticos también se intimidan, dice, citando la presión del año pasado sobre EDF, forzándola a aceptar los deseos de los gerentes de financiar y construir Hinkley Point C, una central nuclear en Gran Bretaña que corre el riesgo de convertirse en un enorme pasivo financiero. Azéma exhorta a Francia a “masivamente” reducir las participaciones del Estado en todas las sociedades cotizadas, o al menos crear juntas de representación para bloquear la intromisión política.

Todos estos problemas ayudan a explicar por qué el valor de las 13 sociedades cotizadas gestionadas por el APE, por valor de unos 66.000 millones de euros a mediados de julio, ha disminuido en los últimos años. El desempeño de unas pocas grandes empresas, en especial las empresas nucleares y energéticas, fue particularmente terrible. Lo más sorprendente es el desvanecimiento de EDF, 83,4% de propiedad del Estado. El precio de la acción de la compañía eléctrica era de 86 euros en 2007 y ha caído hasta menos de 9 euros. A pesar de generar más de 71.000 millones de euros en ingresos anuales, la compañía, que tiene enormes pasivos, está valorada en menos de 26.000 millones de euros.

Los políticos muestran una nueva disposición para deshacerse de las tenencias públicas, en parte porque el presupuesto nacional necesita ingresos. Los sindicatos también son más propensos a aceptar al menos un cambio limitado. El apoyo a los sindicatos de línea dura ha disminuido, especialmente con la aparición este año de la CFDT como el sindicato más grande. En relación al tema de las ventas de activos públicos, su líder, Laurent Berger, dice que sería “idiota” separar el estado de los sectores estratégicos, pero que sus miembros podrían aceptar los cambios “caso por caso”.

Sin embargo, se dice que algunos políticos están presionando para retrasar las ventas de activos públicos, argumentando que los fondos de innovación podrían ser aumentados al dejar de lado el flujo de caja de las empresas. Los organismos estatales han crecido aún más en la búsqueda de formas de preservar su influencia sobre las empresas, incluso a medida que reducen la propiedad. La participación de APE en Safran, una gran firma aeronáutica y de defensa que ha prosperado en los últimos años, por ejemplo, se ha reducido del 30% en 2010 a sólo el 14% este año. Sin embargo, el Estado conserva casi un cuarto de los derechos de voto. Mantiene otro apalancamiento, especialmente en la industria de la defensa donde es un gran cliente. Podría reducir aún más sus participaciones en Safran y podría reducir su actual 26% en otra firma de defensa, Thales (que vale más de 5 000 millones de euros). Pero es menos probable que el estado reduzca drásticamente su participación del 11% en Airbus, un fabricante de aviones, que vale unos 6.000 millones de euros.

Macron no se muestra totalmente incondicional en su actitud ante los bienes públicos, y su decisión sobre Saint-Nazaire muestra una voluntad de inmiscuirse igualmente en los privados. Como ministro de economía en 2015 aumentó la participación del estado en Renault, un gran fabricante de automóviles, en 4,7 puntos porcentuales, a casi el 20%, para obligar a la empresa a obedecer una nueva ley que da derechos de doble voto a los accionistas a largo plazo, el estado. Eso enfureció a Nissan, el otro gran accionista de Renault.

¿Se atreverán Macron y su equipo a introducir cambios radicales? Probablemente no. Un resultado más probable es un corte gradual de partes de las explotaciones públicas. Bruno Le Maire, ministro de Hacienda, habla de que el Estado retrocede lentamente para mantener activos corporativos. Eso probablemente significaría recortar su participación de 5 mil millones de euros en Orange, antes Francia Telecom, por ejemplo.

El presidente de dos grandes empresas, una con una gran participación estatal, sugiere que al final el papel del Estado es “demasiado importante en la vida económica francesa” para ser cambiado rápidamente. Un funcionario de la empresa estatal de ferrocarriles, la SNCF, coincide. Esa firma devora miles de millones en subsidios, pero es popular entre el público que no aceptaría su privatización, o la de cualquier otra empresa considerada como “estratégica”. Pronto la privatización de los aeropuertos podría ser inevitable, pero es probable que otros cambios vayan un paso a la vez, algunos en la dirección equivocada.

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Pedro Luis Martín Olivares
Economía y Finanzas

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